Los ERE de Teléfonica
El último anuncio de Telefónica (plantear un ERE que despide a miles de trabajadores mientras suben exponencialmente los beneficios y las retribuciones de sus directivos) es un ejemplo paradigmático de lo que el capitalismo, -feroz, desalmado y sin complejos-, está provocando en nuestra sociedad. La mayor empresa multinacional de origen español, sigue al dedillo las líneas de actuación de cualquier déspota que se precie: desde su privatización llevada a cabo por el PSOE de Felipe González y amparándose en un mercado oligopólico de falsa competencia, ha venido practicando recortes en su plantilla fija, mientras empeoraba la calidad de atención al abonado , encarecía los productos y practicaba – sin el más mínimo escrúpulo- la explotación laboral en los países menos desarrollados donde actúa ( salvo en Venezuela, porque, entre otras cosas, le tienen retenida la expatriación de ganancias).
En fechas como las actuales conviene tirar de hemeroteca y datos históricos para refrescar memorias frágiles e intentar explicar con cierta racionalidad el origen del problema, arrancando con un primer apunte: cuando en 1996 el ministro “socialista” Pedro Solbes cede la cartera de Economía al "popular" Rodrigo Rato, el 60% de Telefónica ya está vendida y del 40% restante sólo falta hacer el traspaso efectivo.
Unos pocos años antes, 1992, su plantilla fija era de más de 80.000 trabajadores que atendían en persona al abonado, tanto en servicios comerciales como en asistencia técnica y además había unos 10.000 trabajadores de contratas. ¡Todo ello desde una empresa pública!
En la actualidad, tras dos ERE pactados con las secciones sindicales de Telefónica de CC.OO. y U.G.T. un acuerdo particular de desvinculación y prejubilación, así como segregaciones y externalizaciones de actividad, la plantilla fija tiene menos de 28.000 y las contratas en cambio suman casi 150.000, entre ellas, las de atención telefónica, situadas Sudamérica y Marruecos, donde, como se puede imaginar las condiciones laborales (leoninas) y los salarios (raramente sobrepasan los 350€).
En el camino, además, han ido quedando empresas auxiliares y filiales. El caso más sangrante fue SINTEL, vendida por 1€, en el año 1996 -durante el período de transición entre el último gobierno González y el primero de Aznar- al terrorista cubano/estadounidense Jorge Mas Canosa La lucha modélica de los trabajadores de SINTEL quedó incluso reflejada en el cine, y fue la última gran muestra de unión y fuerza sindical.
El proceso seguido con la empresa, desde la lógica capitalista –socializar las pérdidas, privatizar los beneficios- ha sido ejemplar. Por desgracia, no se puede decir lo mismo si lo analizamos desde un punto de vista sindical.
Los logros obtenidos por generaciones de “telefónicos” han sido barridos en una década, unas veces con el consentimiento o nula oposición de las fuerzas sindicales mayoritarias, otras con el silencio, el miedo y el acomodo de una plantilla a la defensiva.
En este proceso involutivo, duelen casos especialmente sangrantes como el protagonizado por Jesús Vesperinas, secretario general de CC.OO, activo en el cargo a sus 60 años, pese a que en sus mandatos se ha producido la prejubilación de más de 25.000 trabajadores –a partir de 52 e incluso menos años-, quien llegó a anunciar, poco antes de firmar el primero, que en Telefónica sólo habría un ERE por encima de su cadáver. Llegó ese y uno más y, próximamente, firmará otro.
El día 18 de mayo, la Junta General de Accionistas, a la que los Secretarios Generales de CC.OO.-U.G.T. Telefónica acuden a aportar sus ideas anualmente, aprobará el reparto de 6.900 millones de euros entre los accionistas e incentivos de 450 millones de euros para sus ejecutivos.
Debemos recordar que, como ha publicado la propia empresa en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en el ejercicio 2010, los ejecutivos, César Alierta, Julio Linares y José Mª Álvarez-Pallete López, sumaron 21 millones de euros en ingresos, stock options y demás participaciones aparte. Y uno de ellos, el presidente ejecutivo César Alierta, se libró de una condena efectiva por tráfico de influencias no por inocencia, sino por “haber prescrito” el hecho causante.
Paradójicamente, ese mismo día 18 de mayo, se aprobará el recorte de otro 20% de la plantilla, unos 6.000 trabajadores, de las filiales Telefónica Fija y Telefónica Móvil, que, según el informe anual de la compañía, registrado el 15 de abril en el la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), son las que más beneficios lograron en 2010.
Tras estas noticias llega a la sociedad, como siempre que coincide el binomio intereses y poderosos, un debate castrado, con interrogantes tipo “ ¿Debería permitírsele a una empresa con beneficios despedir con ERE a sus trabajadores? ¿De qué parte ha de hacerse cargo? ¿No hay otras soluciones? ¿Debe el Estado ayudar indirectamente a la flexibilización (aún más) del despido en estos casos? ¿Están los trabajadores cercanos a los 50 años deseando de prejubilarse en esas condiciones?”.
Comencemos por el último e intentemos ponernos en el pellejo de un trabajador de 50 años. A diario oye que sobra, de forma intencionada – no le llega - va teniendo menos actividad y le cuentan que la única alternativa a la prejubilación es su venta, como si hablásemos de objetos y no de personas, a Alcatel, Nokia o Huawei (¡curioso!: el nombre de esta empresa china ha aparecido como interesada en trabajadores telefónicos tras la visita de nuestro insigne ZP a ese país).
Resulta comprensible que ese trabajador, por muy concienciado que esté, viendo que las centrales sindicales mayoritarias no concretarán un plan de lucha y que seguramente, tras las proclamas consabidas, terminarán firmando el ERE, opte por la prejubilación. Se podrá calificar su actuación de cualquier forma, pero sobre todo como humana.
Sigamos con la parte “crematística”. que engloba a los demás interrogantes. Se ha empezado a hablar, -seguramente para acallar las tibias, timoratas y vergonzosas protestas de algunos líderes del PSOE, del PP y de las confederaciones de CC.OO. y U.G.T.-, de posibles reformas que aporten un mínimo aroma de preocupación social (maquillajes de urgencia) ante la flagrante injusticia del uso perverso del ERE por parte de estas empresas.
La última, puesta sobre la mesa por el Ministro y ex-dirigente de UGT, Valeriano Gómez, es de traca. Anuncia, sin concretar cuánto, que las empresas tendrán que aportar al Tesoro Público una cantidad, destinada “total o parcialmente a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo de los trabajadores de más edad” (sic). Recordemos que una forma de financiar políticas activas de empleo son los generosos planes de formación desarrollados por CC.OO. y U.G.T.
Sin embargo, al contrario que esa desconocida “cantidad que deberá aportar la empresa en cuestión”, sí se especifica claramente que estarán exentas [de hacerlo] aquellas compañías que, en el plazo de tres meses desde la extinción de los contratos de trabajo, recoloquen en la misma empresa, en otra del grupo o en cualquier otra a los trabajadores de más de 50 años afectados.
Jugada perfecta. Tal y como anuncia, Telefónica despedirá mediante prejubilación, y, en tres meses, podrá ofertarle a esos mismos despedidos su recolocación en otra empresa, bien filial (Atento…) o externa (Alcatel, Nokia, Huawei, Ericsson…).
En la misma jugada se libra de pagar al Tesoro la “multilla” que se ha inventado el compañero Gómez y, de camino consigue que el trabajador, en un mes, pasa de estar trabajando con unas condiciones laborales mínimamente dignas a estar prejubilado y, finalmente, a trabajar en otra empresa, obligatoriamente, en no se sabe qué condiciones.
Demos una vuelta de tuerca más en el planteamiento de hipótesis. Imaginemos que no se sabe bien por qué azar o capricho del destino, Telefónica prejubila a 6.000 o más trabajadores en unas condiciones salariales iguales a las que tienen en activo y todo ello, no le cuesta un euro al erario público.
Los trabajadores pasarían a una situación supuestamente atractiva ganando lo mismo y de los costes se ha hecho cargo la empresa por completo. ¡Sí, ya sabemos que es mucho pensar. Solo decimos “imaginemos”! ¿Estaría, de esta forma, moralmente justificada la situación?
Quienes mejor puedan responder a esta pregunta son los trabajadores de las contratas de Telefónica, que ganan cuatro o cinco veces menos que los que han dejado su puesto tras la prejubilación y además trabajando 15 horas, pagándose herramientas y transporte, y con contratos de quita y pon. Dentro del drama general que suponen estas actuaciones capitalistas, éste apenas trasciende a la opinión pública, pero eso no lo hace menos sangrante.
Así se ha ido consolidando la precarización en el empleo, ejecutada de esta forma, implacable y terrible. Cuando hace 15 años se avisaba hacia donde nos llevaría esa política empresarial, lo único que se recogían eran miradas de conmiseración y la manida etiqueta de “iluminados” impuesta por unos medios de difusión siempre al servicio de sus dueños.
Nos quedan muchas cosas en el tintero: Planes de Pensiones participados por los dos sindicatos mayoritarios, despidos de la empresa alentados en los juicios por cargos de esos mismos sindicatos, despidos por baja laboral con justificación médica...Un largo etc.
Ante esta situación, es hora de que empecemos a exigir lo que está en el ADN de nuestra filosofía política: la nacionalización de este tipo de empresas estratégicas -por el servicio que prestan-, generadoras de ganancias que en lugar de ir al bolsillo de unos pocos, serían invertidas por el Estado para crear servicios públicos y empleo de calidad, redistribuyendo la renta nacional de una manera más justa y solidaria.
Si los trabajadores no ponemos nuestra agenda sobre la mesa, ¿piensa alguien que lo hará por nosotros los partidarios del capitalismo salvaje y alienante?
El Estado Español ha sido “el repelente niño Vicente” de las privatizaciones europeas. Cuando hace 15 años nos decían que la Unión Europea exigía privatizar, nuestros gobiernos corrían a cumplir el deseo de los burócratas de Maastricht, aunque éste fuese sólo una insinuación.
Mientras tanto otros países europeos mantuvieron al menos una participación mayoritaria en sus Empresas Públicas o las siguieron dejando en poder de sus ciudadanos.
Estamos viendo algunas situaciones dentro de la actual crisis que se salen del guión establecido, es decir, la ciudadanía se convierte en rehén de un sistema financiero que le hace pagar las tropelías por él causada y de camino acogota los derechos sociales y laborales arduamente conseguidos. Islandia puede ser uno de estos ejemplos, pese a los intentos de silenciar cualquier alternativa distinta. Se permite mostrar frustración, nada de rebeldía.
El capitalismo actual, en el que la impudicia mostrada por el anuncio de Telefónica (repartir beneficios a pocos, fastidiarle la vida con el despido a muchos) es un renglón más del libro de los despropósitos escrito en las últimas décadas, está en una fase de acumulación de riqueza en pocas manos y de avaricia de los pudientes, muy similar a la revuelta de los privilegiados de la revolución francesa.
¿Hasta dónde quieren tensar la cuerda? ¿ Hacia dónde quieren arrastrarnos? Es hora de aclarar la voz y empezar a decir: ¡Basta ya!
