Sergio Gálvez
Investigador de la Cátedra de la Memoria de la Universidad Complutense. El historiador Sergio Gálvez (Madrid, 1980), investigador de la Cátedra Complutense de la Memoria del s. XX, inauguró ayer las jornadas de «Franquismo y antifranquismo en la memoria democrática», que acoge la Universitat de València con una conferencia sobre la impunidad en España.
RAFEL MONTANER VALENCIA
levante-emv.es
¿Por qué se sigue hablando de impunidad del franquismo tras 34 años de democracia?
Porque hay una Ley de Amnistia que se aprueba en octubre de 1977 y que todos los especialistas que la han estudiado la han identificado como una ley de punto y final, lo que va en contra del derecho internacional. Lo característico de nuestro caso es la excelente salud del modelo español de impunidad. Ningún cargo, verdugo o colaborador del franquismo se ha enfrentado a proceso judicial alguno por crímenes contra la Humanidad, que no prescriben. Es más, este modelo de impunidad español se ha importado al Estado democrático, como se vio en el indulto a los GAL y con los militares del 23-F que fueron procesados, que a los pocos años ya estaban todos en la calle gracias a indultos parciales.
¿Esta situación es reversible?
Eso pasa necesariamente porque el Gobierno, de una vez por todas, no solamente firme, sino que también ratifique y haga cumplir el convenio internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, lo que obligaría a derogar la Ley Amnistía.
¿Qué consecuencias tendría?
Cuando hablamos de derogar la Ley de Amnistía, hablamos de hacer Justicia con mayúsculas. Es decir, de abrir procesos penales contra las personas que siguen vivas y que cometieron crímenes contra la humanidad.
¿Eso no sería ir muy lejos?
No si miramos a nuestro alrededor. En Francia, Alemania, Argentina, Chile... se ha procesado a los autores de crímenes de lesa humanidad. Se trata de procesos normalizadores. ¿Por qué los argentinos pueden juzgar a sus verdugos y los españoles no? ¿Hasta donde llegan los pactos de la transición? Ese famoso pacto de silencio ha llegado hasta el día de hoy y ya han pasado más de 30 años. La sociedad española no debería tener miedo de hacer una revisión integral de su pasado, caiga quien caiga.
Sí, pero el único juez que lo ha intentado ha sido procesado por ello y se ha tenido que «autoexiliar»... ¿Esta España preparada para efectuar dicha revisión?
Yo creo que sí, que la sociedad está preparada. Otra cosa, que es lo que sucede, es que instituciones como el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales viven fuera de la realidad. Solamente hay que mirar con lo que ha pasado con la frustrada revisión de las sentencias de Julián Grimau, Salvador Puig Antich o el mismo Miguel Hernández. Recomiendo leer los fallos de la sala V del Tribunal Supremo para que se constate la impunidad en la que vivimos. Estos señores se niegan a poder abrir una revisión de casos judiciales muy significativos. Lo que nos vienen a decir en suma son los déficits de nuestra cultura democrática. O sea, que el franquismo aún no se puede tocar después de treinta y tantos años.
¿Y qué opina del caso Garzón?
Lo primero que a mí me sorprende es que un partido fascista como Falange o un sindicato también fascista como Manos Limpias no estén ilegalizados. En cuanto a Garzón, yo estoy convencido de que hasta aquí ha llegado su carrera, que lo han echado. Es decir, que ha tocado lo que no se puede tocar en España. Todo acabará en los tribunales internacionales, con lo que cuando la sentencia sea firme, Garzón no solo se habrá jubilado sino que en este país nos habrán dado un mensaje contundente a la ciudadanía: El franquismo no se toca. Además, con el caso Garzón, el modelo de transición española ya no es ni ejemplar, ni exportable.
¿Cree que esta causa nos pasará alguna otra factura?
Si a Garzón le está pasando esto, que es un personaje público de primera línea... ¿Cómo no se van a echar para atrás otros magistrados? ¿Qué juez de primera instancia se va atrever a tramitar una denuncia de familiares de desaparecidos? Jurídicamente el proceso a Garzón tiene un valor ejemplarizante. Es un aviso, una política del miedo mucho más inteligente que la que practicaba el franquismo. Tenemos unas instancias judiciales hijas o herederas del franquismo, y yo sé que por decir esto procesaron al ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a instancias de Manos Limpias. No tengo miedo, cuando más procesos inicie la extrema derecha mucho más claro va a quedar demostrada la impunidad en la que vivimos.
¿Qué opinión le merece la Ley de Memoria Histórica?
Que es una nueva ley de punto y final, pues no pretende resolver, de fondo, el problema de una reparación integral de las víctimas, que no solamente son los reconocimientos éticos y morales, sino también una reparación política, social, económica y jurídica. La Ley de Memoria Histórica es una vergüenza tanto en términos jurídicos como históricos. Y es así desde su propia concepción, por la cobardía de no declarar nulos de pleno derecho los juicios del franquismo.
¿Por qué se sigue hablando de impunidad del franquismo tras 34 años de democracia?
Porque hay una Ley de Amnistia que se aprueba en octubre de 1977 y que todos los especialistas que la han estudiado la han identificado como una ley de punto y final, lo que va en contra del derecho internacional. Lo característico de nuestro caso es la excelente salud del modelo español de impunidad. Ningún cargo, verdugo o colaborador del franquismo se ha enfrentado a proceso judicial alguno por crímenes contra la Humanidad, que no prescriben. Es más, este modelo de impunidad español se ha importado al Estado democrático, como se vio en el indulto a los GAL y con los militares del 23-F que fueron procesados, que a los pocos años ya estaban todos en la calle gracias a indultos parciales.
¿Esta situación es reversible?
Eso pasa necesariamente porque el Gobierno, de una vez por todas, no solamente firme, sino que también ratifique y haga cumplir el convenio internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, lo que obligaría a derogar la Ley Amnistía.
¿Qué consecuencias tendría?
Cuando hablamos de derogar la Ley de Amnistía, hablamos de hacer Justicia con mayúsculas. Es decir, de abrir procesos penales contra las personas que siguen vivas y que cometieron crímenes contra la humanidad.
¿Eso no sería ir muy lejos?
No si miramos a nuestro alrededor. En Francia, Alemania, Argentina, Chile... se ha procesado a los autores de crímenes de lesa humanidad. Se trata de procesos normalizadores. ¿Por qué los argentinos pueden juzgar a sus verdugos y los españoles no? ¿Hasta donde llegan los pactos de la transición? Ese famoso pacto de silencio ha llegado hasta el día de hoy y ya han pasado más de 30 años. La sociedad española no debería tener miedo de hacer una revisión integral de su pasado, caiga quien caiga.
Sí, pero el único juez que lo ha intentado ha sido procesado por ello y se ha tenido que «autoexiliar»... ¿Esta España preparada para efectuar dicha revisión?
Yo creo que sí, que la sociedad está preparada. Otra cosa, que es lo que sucede, es que instituciones como el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales viven fuera de la realidad. Solamente hay que mirar con lo que ha pasado con la frustrada revisión de las sentencias de Julián Grimau, Salvador Puig Antich o el mismo Miguel Hernández. Recomiendo leer los fallos de la sala V del Tribunal Supremo para que se constate la impunidad en la que vivimos. Estos señores se niegan a poder abrir una revisión de casos judiciales muy significativos. Lo que nos vienen a decir en suma son los déficits de nuestra cultura democrática. O sea, que el franquismo aún no se puede tocar después de treinta y tantos años.
¿Y qué opina del caso Garzón?
Lo primero que a mí me sorprende es que un partido fascista como Falange o un sindicato también fascista como Manos Limpias no estén ilegalizados. En cuanto a Garzón, yo estoy convencido de que hasta aquí ha llegado su carrera, que lo han echado. Es decir, que ha tocado lo que no se puede tocar en España. Todo acabará en los tribunales internacionales, con lo que cuando la sentencia sea firme, Garzón no solo se habrá jubilado sino que en este país nos habrán dado un mensaje contundente a la ciudadanía: El franquismo no se toca. Además, con el caso Garzón, el modelo de transición española ya no es ni ejemplar, ni exportable.
¿Cree que esta causa nos pasará alguna otra factura?
Si a Garzón le está pasando esto, que es un personaje público de primera línea... ¿Cómo no se van a echar para atrás otros magistrados? ¿Qué juez de primera instancia se va atrever a tramitar una denuncia de familiares de desaparecidos? Jurídicamente el proceso a Garzón tiene un valor ejemplarizante. Es un aviso, una política del miedo mucho más inteligente que la que practicaba el franquismo. Tenemos unas instancias judiciales hijas o herederas del franquismo, y yo sé que por decir esto procesaron al ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a instancias de Manos Limpias. No tengo miedo, cuando más procesos inicie la extrema derecha mucho más claro va a quedar demostrada la impunidad en la que vivimos.
¿Qué opinión le merece la Ley de Memoria Histórica?
Que es una nueva ley de punto y final, pues no pretende resolver, de fondo, el problema de una reparación integral de las víctimas, que no solamente son los reconocimientos éticos y morales, sino también una reparación política, social, económica y jurídica. La Ley de Memoria Histórica es una vergüenza tanto en términos jurídicos como históricos. Y es así desde su propia concepción, por la cobardía de no declarar nulos de pleno derecho los juicios del franquismo.
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