1000 millones de recorte gracias a chulesco CAMPS
El nuevo Consell se estrena con "medidas  urgentes" para "dar confianza a los mercados" y poder pagar a los  proveedores  Pretende aumentar la recaudación en 238 millones y ahorrar  440 millones en los servicios sanitarios Mandará una carta a Ecclestone  para renegociar la Fórmula 1
JULIA RUIZ, VALENCIA       La crisis económica y la extrema debilidad de las finanzas autonómicas  que ha puesto a la Generalitat prácticamente en la bancarrota obligó  ayer al Consell de Alberto Fabra a adoptar medidas drásticas para  taponar la hemorragia en las cuentas públicas. El tijeretazo, anunciado  por el presidente en su discurso de Nochevieja, y que ayer quedó  cuantificado exactamente en 1.057.000.000 euros, no sólo tendrá un  impacto directo sobre la estructura administrativa, su personal y la  ciudadanía, sino que supone pulverizar algunas de las apuestas que  durante años han sustentado la política de los sucesivos gobiernos  populares. El recorte recaerá principalmente en la sanidad (440  millones); en el bolsillo de los funcionarios (258,2 millones) y de los  valencianos (238 millones mediante la subida de impuestos) y en el  sector público (121,3 millones)
Cinco meses y diez días es lo que ha  tardado Fabra en dar el portazo definitivo a un modelo de gestión de los  recursos públicos que sembró la C. Valenciana de proyectos faraónicos  mientras la deuda crecía y las arcas  se vaciaban. Desde ayer se  acabaron los "intocables" del PP, incluso los grandes eventos, santo y  seña de la etapa del expresidente Camps, los cuales, según afirmó el  nuevo vicepresidente del Consell, José Císcar, están "en completa y  profunda revisión". "No son posibles en las actuales circunstancias",  sentenció. Fabra intentará en la medida de lo posible deshacerse de  ellos. Y empezará por uno de sus más emblemáticos: la Fórmula 1, cuyo  magnate Berni Ecclestone, ligado de por vida en el imaginario colectivo a  Camps y la alcaldesa Rita Barberá, recibirá en breve una carta oficial  para revisar un contrato que condena a pagar un canon anual de 20  millones.
Císcar, el nuevo hombre fuerte del Consell, y los  titulares de Economía y Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela,  respectivamente, fueron los encargados de informar de las "dolorosas"  medidas en una multitudinaria conferencia de prensa. A ellos también les  tocó trasladar que llegan nuevos tiempos para la política fiscal. Tras  años  renunciando a aumentar los ingresos vía tributos  y cuando   todavía están frescas las promesas electorales de no tocar los impuestos  y las críticas al Gobierno de Zapatero por hacerlo, el Ejecutivo de  Fabra se ha visto obligado a enmendarse la plana y a completar el  recorte de los mil millones mediante de la recaudación. Se aumentará el  IRPF para las rentas  más altas y el  céntimo sanitario, el impuesto que  grava las gasolinas y que Camps instauró a regañadientes  cuando, hace  más de ocho años, presentó el primer plan de saneamiento. La  rectificación en toda regla  puso en un brete a Vela, quien justificó el  giro en la debida "lealtad" institucional al Gobierno central, y a  otras autonomías. 
Con todo, la madre del cordero del ajuste se  centrará en la Sanidad. Císcar detalló toda una batería de "medidas de  eficiencia" cuyo plato fuerte es el recorte en farmacia. También hay  propuestas  que  suponen una ruptura con el pasado, como es  la revisión  de los conciertos de las resonancias. 
Císcar insistió en que  las medidas en sanidad no supondrán recorte de plantilla ni en  prestaciones. "Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos  masivos y hemos garantizado el Estado de Bienestar", mantuvo. En su  difícil debut como portavoz, Císcar insistió en que se trata de "medidas  excepcionales  para una situación excepcional" y admitió que uno de los  objetivos  es pagar a los proveedores y trasmitir confianza a los  mercados, máxime después de los problemas que ha tenido el Consell para  colocar sus bonos patrióticos y tras tener, tal como informó este  diario, que solicitar a Madrid un adelanto de las transferencias del  modelo de financiación para pagar un préstamo de 123 millones. 
 Vela  aseguró que con estas medidas el resto de vencimientos de deuda están  garantizados este año, si bien instó a un cambio en el modelo que mejore  la financiación per capita. "¿Tienen garantías de que Rajoy atenderá  esta petición?", se le preguntó. "No", se sinceró Císcar, si bien dijo  confiar en el sentido común de Rajoy. Sobre la reclamación de la deuda  histórica, admitió que no se renunciaba a ella aunque no el momento de  plantearla. Reconoció que se había hablado con Moncloa sobre el ajuste,  pero incidió en que los acuerdos se habían decidido con plena autonomía.
Los consellers y altos cargos perderán salarios si hay déficit
El  primer "sacrificio" anunciado ayer por José Císcar es uno que le afecta  directamente a él como al resto de consellers, altos cargos y asesores.  La medida, con la que  Fabra trata de mitigar la impopularidad de los  recortes, consiste en ligar el salario del personal de la primera línea  política al déficit público. Esto es, las nóminas de los altos cargos  -las más bajas, incidió el conseller de toda España- serán  recortadas  en el mismo porcentaje en que se cifre el déficit con el que se acabe el  año. "Si 2012 -explicó, a modo de ejemplo- acaba con un 1%, se rebajará  un 1% nuestras nóminas".  La iniciativa tiene una objetivo  ejemplarizante, ya que su impacto sobre las cuentas será prácticamente  irrelevante. De hecho, la Generalitat tiene la obligación de acabar el  año como máximo con un 1,3% de déficit. Cierto es también que el posible  recorte -mínimo si se tiene en cuenta que el propio Vela cuantificó en  un 4% el que recaerá de nuevo sobre los salarios de funcionarios con las  medidas del capítulo 1- se ejecutaría sobre el del 15% que ya se aprobó  en tiempos de Camps. Muchos altos cargos e incluso consellers no  ocultan en privado que los salarios  no compensan en muchas ocasiones  las  horas de dedicación. El asunto de los sueldos dio pie a la  única  nota de humor que Ciscar pudo incluir en una rueda de prensa que sus  protagonistas reconocieron como un mal trago. Preguntado sobre sí con  las medidas aprobadas sería suficiente para reducir el déficit, el  vicepresidente bromeó al indicar que en la consecución de este objetivo  les iba el salario. 
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Compromís acusa al Consell de contradecir su programa en "un fraude electoral sin predecentes"
LEVANTE-EMV VALENCIA       
El portavoz del PSPV en las Corts, Jorge Alarte, criticó ayer al  presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por lanzar "el mayor ataque  a la sanidad pública valenciana en toda su historia" con el objetivo de  pagar "el despilfarro, la corrupción y los grandes eventos del PPCV".  Alarte rechazó así el decreto-ley aprobado ayer por el pleno del Consell  para reducir el déficit público y que, según adelantó, contará con el  voto en contra de los socialistas en las Corts. Además, anunció que los  socialistas llamarán "a la movilización de la sociedad para defender,  junto a ellos, los intereses de los valencianos".
"El gobierno que  preside Fabra ha metido la motosierra en la sanidad y en los derechos de  los trabajadores, sin haber liquidado antes los grandes fastos",  ironizó el socialista.
El también secretario general del PSPV lamentó  que el Consell haya "preferido bajarle el sueldo a los trabajadores  públicos y empeorar la sanidad pública" antes que rescindir el contrato  con el patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone. En opinión del  socialista, los populares, "están recortando justo de donde no toca"  porque los 440 millones de euros de ahorro previsto por el Consell en  sanidad "se traducirán en que habrá menos médicos" y "acarreará el  empeoramiento de un sistema sanitario público valenciano muy frágil".
Según  recordó Alarte, durante 2011 se cerraron 262 camas hospitalarias, se  recortó el presupuesto en sanidad en casi 1.000 millones, faltan 200  euros de inversión pública sanitaria por habitante, se suprimieron 20  centros de salud y se paralizaron cinco hospitales.
Alarte también  denunció "la rebaja de derechos" que, a su juicio, se aplicará a los  funcionarios de la Generalitat con medidas como la no renovación de los  sexenios o la reducción de horas de los interinos en Educación.
Por  su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, consideró  que el Gobierno valenciano ha demostrado que "no está a la altura de  las circunstancias" con el paquete de medidas aprobado y que "continúa  estafando y engañando a la ciudadanía".
Morera censuró al Consell por  llevar "la mano a los bolsillos no solo de los funcionarios, sino  también de todos los ciudadanos aumentado los impuestos que nos  prometieron que nunca tocarían". "Hoy [por ayer] hemos escuchado una  serie de medidas que contradicen el mensaje y el programa del PP. Hoy se  ha producido un fraude electoral sin precedentes y el gobierno de Fabra  confirma que está totalmente desorientado", aseveró Morera.
EU critica la "inepta gestión" 
También  arremetió contra el Consell la síndica de Esquerra Unida en las Corts,  Marga Sanz, quien acusó al Gobierno valenciano de "llegar tarde a todo" y  hacer pagar a los ciudadanos su "inepta gestión". Contraponiendo el  trato de la Generalitat con el patrón de la Fórmula Uno, Sanz afirmó que  "está claro que los trabajadores públicos, quienes verán reducidos sus  salarios, y los bolsillos de los valencianos, no reciben el mismo  respeto por parte de la Generalitat". "El Consell -añadió- tiene la  vergüenza de pedir sacrificios a los ciudadanos cuando lo que hace es  castigarlos sin precedentes y hacerles pagar su inepta gestión". 
 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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