jueves, 26 de enero de 2012

Los franquistas estan manipulando la justicia española

El TS no apartará al juez Luciano Varela del caso contra Garzón

En la causa abierta contra el juez Garzón por investigar los crímenes franquistas

PUBLICO. ES / EUROPA PRESS MADRID 22/07/2010 12:11

Baltasar Garzón, ¿Heroe o Villano?
Según quien hable de él, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, se convierte en protagonista o antagonista, cazador o cazado, personaje estrella o estrellado, héroe o villano de una historia que está en boca de todos. Mientras Luciano Varela, juez instructor del Tribunal Supremo, descalifica, en tono incendiario, “la imaginación creativa” de Garzón, acusándole de “desconocer principios esenciales del Estado de derecho” o “leyes democráticamente aprobadas, como la de Amnistía”, imputándole haber actuado “por objetivos no justificables”, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales consideran “doloroso e injustificable” el proceso abierto contra él. En un comunicado, al que se adhieren Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades así como la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia, señalan a la Sala Penal del Supremo como responsable de “resurgir los valores del franquismo”. Sostienen, en contra de lo defendido por el juez Varela, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”. Y repiten que nada valen las amnistías nacionales, cuando se producen crímenes atroces contra la Humanidad. Héroe para unos, villano para otros, Baltasar Garzón es hoy el personaje de hoy.

Baltasar Garzón, fotografiado en The Guardian.

Comencemos por lo que dicen de él más allá de nuestras fronteras. El pasado día 9, los diarios “The New York Times” y “The Guardian” salían en su defensa. Recuerdan ambos las causas que abrió contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, Silvio Berlusconi o terroristas como Bin Laden, y consideran que la decisión del Tribunal Supremo español de proceder penalmente contra él está políticamente motivada. Para el británico “The Guardian”, la causa contra Garzón pone de manifiesto “dos grandes problemas” que, a su juicio, existen en España, como son “un poder judicial politizado” y “la herencia” de la dictadura franquista. El juez “se sentará en el banquillo” acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, periodo en el que, según destaca, se produjeron “más de 100.000 ejecuciones sumarias sin juicio”. Recuerda el periódico londinense que los demandantes en este caso son tres organizaciones políticas de extrema derecha, entre ellas Falange Española, “que no es otro que el partido fascista, el cual es acreedor de la mayoría de las atrocidades que Garzón estaba investigando”. Y añade que, en España, “hay más fosas comunes que en Bosnia y todavía más desaparecidos que en Argentina”. En un editorial posterior de “The New York Times”, titulado 'Una injusticia en España', el diario estadounidense considera que la causa contra el juez está motivada políticamente y que debería haber sido rechazada. A su juicio, esto puede satisfacer a sus “enemigos políticos”, pero es una “parodia de la justicia”.

Desde la semana pasada, las campañas contra la inhabilitación del juez Baltasar Garzón se multiplican en la red. Centenares de correos electrónicos fueron mandados al Consejo General del Poder Judicial (gobierno de los jueces). De nada sirvió que Garzón presentase el sábado, 10 de abril, un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que alegaba que habían sido precisamente “motivaciones ideológicas” las que motivaron a “grupúsculos y organizaciones marginales” a ejercer una acción contra él. Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo y colega de Garzón, decidió transformar la causa en procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación que el juez habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo. Lo que significa que el magistrado será finalmente sentado en el banquillo y juzgado por estos hechos, con lo que se pondría fin a su carrera.

The Wall Street Journal,diario "amigo" de Aznar, ataca a Garzón.

Por el contrario, otros periódicos como “The Wall Street Journal” recogen el pasado martes la acusación contra Garzón de un presunto delito de prevaricación. “Le ha llegado su merecido”, dice un editorial del diario “amigo” de Aznar que explica someramente lo ocurrido en España y cómo Garzón “fue encausado por su investigación de las ejecuciones y desapariciones durante la Guerra Civil” española. Recuerda que “un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia le acusó de manipulación de la justicia y abuso de sus atribuciones” y de “ignorar una amnistía de 1977 en relación con las atrocidades vinculadas con la dictadura de Francisco Franco”. El diario indica cómo este “juez hiperactivo” el año pasado abrió procedimientos contra ex funcionarios de la Administración Bush por denuncias de “torturas”. El diario expresa su esperanza “de que los imitadores de Garzón muestren el mismo respeto hacia otros países”.

Magistrados, jueces y fiscales progresistas suscribían, el pasado día 9, un comunicado de apoyo al juez Garzón. Los firmantes denunciaban que “se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo sienten en el banquillo a un juez que se ha comprometido en la lucha por los derechos”. Y consideraban que la causa contra Garzón “rompe los valores constitucionales” y “pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español”. Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) reconocían que “la sociedad española ha progresado”, pero lamentaban que “todavía subsistan algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado”. Uno de los más importantes era que “la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas” del franquismo”. “Todavía convivimos –señalaban– con “la vergüenza nacional” de miles de personas cuyos restos permanecen “indignamente enterrados” en fosas comunes, y apuntan que, judicialmente, “ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes”. Destacaban que esa impunidad era “una verdadera excepción en nuestro ámbito” y que “resulta particularmente hiriente, si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad cometidos en otros países”. El manifiesto también intentaba desmontar los argumentos del juez Luciano Varela que motivaban la imputación de Garzón.

En un acto convocado por UGT y CCOO, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y celebrado el 13A de Garzón –día del rencor y del odio, advierte Manuel Molares do Val en “Crónicas Bárbaras”... Tragicomedia de Martes y 13–, en el que participa Carlos Berzosa, rector de la UCM, Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de ambos sindicatos, se denuncia “la persecución” contra el juez Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo. Intelectuales, actores, estudiantes y representantes del mundo de la política, como el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, aplauden las palabras del ex fiscal Anticorrupción, quien afirma que los magistrados del Tribunal Supremo que admitieron a trámite las querellas contra el juez, Baltasar Garzón, se convirtieron en un instrumento de la “actual expresión del fascismo español y merecen nuestro absoluto rechazo”. Méndez califica la apertura de la investigación contra Garzón como una auténtica “vergüenza histórica”, instigada por los “hijos de la dictadura”, quienes pretenden que el franquismo siga impune y que Garzón se convierta en otra víctima del franquismo. Fernández Toxo añade que UGT y CCOO no están cuestionando la transición, como ha denunciado algún dirigente político, pero sí pretenden “restablecer y recuperar” la memoria de las víctimas. Señala que es una “ignominia que organizaciones que, en otros países, estarían ilegalizadas, en España sean atendidas sus demandas –en referencia a Falange–. De la crisis económica se sale, tarde o temprano, pero vamos a salir. Lo que no podemos permitir es que se consolide la crisis ética y moral que afecta a este país. Ha llegado el momento de una gran iniciativa restauradora, España necesita una transición ética y moral”.

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción.

Jiménez Villarejo argumenta que los magistrados del Tribunal Supremo que han tomado las decisiones que afectan a los crímenes del franquismo lo han hecho “en algo que da un golpe brutal a la democracia, esto es, en constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español” a través de la admisión de las querellas contra Garzón. Algo que “es una falta de respeto a las víctimas del franquismo”. Matiza que “tortura no existía como tal delito en la dictadura, pero sí lesiones, y no se atrevieron nunca a abrir una causa por lesiones o coacciones contra las víctimas de la tortura a lo largo de 40 años de dictadura”. El ex Fiscal Anticorrución se pregunta: “¿Cómo se puede hablar de la sensibilidad de los jueces respecto de las víctimas de la guerra civil y la dictadura”. Y pide “un poco de respeto a la memoria de las víctimas”. Afirma que esta es una “situación crítica de la democracia española, del poder judicial y del TS”, por “haber rechazado de forma reiterada la posición del Ministerio Fiscal, que ha obrado con extrema dignidad. En lugar de esto, optaron por ponerse en manos de Falange, que, en sus querellas y escritos, defienden el honor de lo que se llamaba el ‘glorioso movimiento nacional’. ¿Pero cómo puede ser eso posible hoy en un tribunal de justicia democrático?”.

Pedro Almodóvar, José Sacristán, Pilar Bardem…

Pedro Almodóvar, José Sacristán, Pilar Bardem, Luis García Montero, Almudena Grandes, Juan Diego Botto, Ismael Serrano, Pepe Viyuela y otras personalidades del mundo cultural denuncian la “persecución” contra Garzón urdida por la extrema derecha. Almodóvar reivindica la “deuda moral con quienes perdieron la guerra”. Y delata la gravedad de que la Falange pueda sentar en el banquillo a un juez que se atrevió a investigar el franquismo, algo que, de llevarse a cabo, “supondría una nueva victoria de Franco”. Sacristán insiste en que “no corren buenos tiempos para la democracia” por el “acoso y derribo” contra Garzón, un hecho “moralmente deleznable” que vincula con el “caso Gürtel”. Y lanza un: “¡Basta ya, no podemos quedarnos quietos!”. Bardem asegura que “es lo más grave que ha pasado a la democracia española desde el 23-F”. “Hay jueces que dicen que nadie puede estar por encima de la ley, y yo discrepo –argumenta la escritora Almudena Grandes–. La Justicia sí está por encima de la ley, ya que ésta es una obra humana y es falible”. Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, muestra su “indignación” porque no sean los “asesinos falangistas” quienes estén sentados en el banquillo. “No estuve de acuerdo con la justicia de Franco que me juzgó a mí, y hoy no puedo aceptar el veredicto sobre Garzón. Lo siento”. El acto se lleva a cabo en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y anuncian que tienen previsto concentrarse frente a la Audiencia Nacional todos los días, de lunes a viernes, hasta el próximo 22 de abril, día en que el juez Garzón comparece frente al Tribunal.

José María Izquierdo, en “La Cuarta Página” de El País sostiene que es incongruente que organizaciones de ultraderecha, como Manos Limpias o Falange Española, puedan sentar a Garzón en el banquillo con el apoyo de jueces como Adolfo Prego y Luciano Varela. Y, en un artículo titulado “¡Qué apropiada su querella, amigo fascista” hace un retrato de estos jueces. “Se le procesa a Garzón –escribe– porque el magistrado del Supremo, Adolfo Prego, admitió a trámite la querella de Falange Española. ¿Y quién es Adolfo Prego? Pues un personaje revelante en la fundación Denae (Defensa de la Nación Española) que hace un mes concedió, por ejemplo, el título de españoles ejemplares a esos infamantes personajes de la ultraderecha mediática que son Federico Jiménez Lozanitos y César Vidal, o que actúa de telonero del seudo historiador Pío Moa, al que refrenda su interpretación de que el golpe militar de Franco no fue en realidad sino una digna contrarrevolución para impedir que triunfara el golpe de Estado de 1934 de los comunistas para acabar con la República”. A continuación, Izquierdo se ocupa de Luciano Varela. “A lo mejor el muy progresista Varela podía echar una mano para retocar las leyes que hagan falta, la de amnistía de 1977, 33 años ya, hecha a martillazos en mitad de la trabajosa transición, o la reciente de Memoria Histórica, tan reacia a trabajar la memoria como a conocer la historia. Porque, seguramente, si logramos que los jóvenes conozcan, incluso desde la enseñanza obligatoria, los excesos que se cometieron en la Guerra Civil, impediríamos dos cosas. Que vuelvan los fanatismos y que los fascistas de hoy dejen de justificar, cuando no glorificar, los crímenes de Franco y sus conmilitones. Podrían conocerse, también, las villanías de la Falange –la dialéctica de los puños y las pistolas– que durante cuarenta años tuvieron vía libre para fusilar, encarcelar o humillar a los rojos y que hoy, qué risa, presumen de empurar a Garzón”.

De Cospedal tilda de “disparate” el que se pretenda presionar al juez Varela.

Ante el cúmulo de reacciones adversas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pone nervioso y expresa su “preocupación y tristeza”. Advierte que el “descrédito” que provocan hacia el Estado de Derecho “no resulta tolerable”. Exige un respeto por el Tribunal Supremo y reitera “con firmeza, la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo”. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, advierte que la libertad para expresar ideas debe ir acompañada de “respeto al Tribunal Supremo” e invita a todos a “respetar la acción de los tribunales” y en concreto del Tribunal Supremo y “de las instituciones centrales del Estado de Derecho”, lo que no impide que, en España, se puedan “expresar con libertad las ideas”. El PP, por su parte, más nervioso aún que el propio CGPJ, califica el acto de CCOO y de UGT de “atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho”. Esperanza Aguirre muestra su “estupor y escándalo” por el uso de la Universidad, pagada con fondos públicos para “coaccionar y amenazar a los jueces del Tribunal Supremo a los que se ha llamado torturadores y fascistas”. Federico Trillo tilda el acto de “algarada” y “espectáculo vergonzoso”. Y María Dolores de Cospedal de “disparate el que se pretenda presionar al juez Varela, instructor de la causa contra Garzón”.

Inés García Holgado y Darío Rivas, familiares de fusilados por el régimen franquista, durante la presentación de la demanda para investigar y castigar a responsables de los crímenes de la dictadura en España. Los acompaña Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Foto Reuters
Dos asociaciones –la Memoria de Mallorca y la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya– presentan una querella por prevaricación contra, Luciano Varela, magistrado del T. S., y contra Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, al considerar que ambos cometen prevaricación en las resoluciones que llevarán al banquillo a Baltasar Garzón al banquillo. En Argentina, decenas de organizaciones presentan una demanda para que se investiguen estos crímenes del franquismo, apoyándose en dos familias que fueron sus víctimas. Darío Rivas, impulsor de la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo, afirma que “en España el Tribunal Supremo está del lado de los asesinos, y yo eso no lo puedo consentir porque fue Falange la que asesinó a mi padre, Severino”. Severino Rivas, alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo) fue ejecutado y arrojado a una cuneta por miembros de Falange Española. Cuando ocurrieron los hechos, Darío estaba en Buenos Aires, donde su padre le había enviado para estudiar. Allí se enteró de lo que habían hecho con su progenitor. A sus 90 años, Darío reside desde los nueve años en Argentina y, en el 2005, viajó a España para recuperar los restos de su padre.

Miguel Bernat, secretario general de la Asociación Manos Limpias.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias denuncia ante el juzgado al rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, y al ex Fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por el acto celebrado en apoyo al juez Garzón. A Berzosa le acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias. Manos Limpias considera que el acto público, “en alguna de sus intervenciones, no está amparado en el derecho a la libertad de expresión”. A su juicio, el desarrollo del mismo “supuso un ataque y una subversión” del sistema democrático español y “una coacción a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Qaesar, en su blog El Ventano, escribe: “Ha intentado levantar la alfombra del franquismo, ha querido restañar injusticias de los ganadores de la cruzada, ha trabajado para poner nombre a cadáveres abandonados en cunetas, ha buscado devolver la dignidad de las víctimas del fanatismo... Y sus jefes le quieren cerrar la boca…Hay demasiada gente, y muy poderosa, que quiere un país en sombras, un país siniestro. Un país callado. En silencio”.

“Garzón se ha labrado durante los últimos años una acredita fama fuera de nuestras fronteras como el juez de las cruzadas contra los dictadores –escribe Daniel Forcada en El Confidencial (08/04/2010)– Algo a lo que ha contribuido, muy singularmente, su afán viajero y el impresionante periplo que durante los últimos años le ha llevado a impartir conferencias en numerosos países. Desde que, en julio de 2006, se reincorporó a la Audiencia Nacional, tras su año sabático de estudios en Nueva York, el magistrado ha hecho en kilómetros el equivalente a tres vueltas al mundo, es decir, más de 135.000 kilómetros de vuelo. Y como conferenciante, ha visitado una quincena de países como Colombia, Perú, Estados Unidos, México, Argentina o Costa Rica… Según ha señalado el magistrado Varela, un juez depende ‘solo, pero siempre de la ley’ y ‘Garzón era consciente de su falta de competencia y de su artificiosa argumentación’. El diario chileno “La Nación” titula, sin embargo, de forma escueta: ‘Juzgan al juez Baltasar Garzón por investigar al franquismo’, mientras que el citado “Los Angeles Times” opta por señalar que el ‘super juez’ está ‘acusado de abuso de poder por su causa contra la ruinosa guerra civil del país. Para Giles Trelett, corresponsal en Madrid del diario británico “The Guardian”, ‘el juez de las cruzadas español se enfrenta a un juicio por abuso de poder’… Geoffrey Robertson, abogado británico de derechos humanos, no duda en señalar que todo este procesamiento no hace sino demostrar ‘la integridad de los jueces de España y de la reputación de los juristas españoles’. ‘Es irónico –añade– que una de los pocos juristas de España de renombre internacional, así como un juez de instrucción increíblemente valiente que ha arriesgado su vida con la mafia, con el grupo vasco ETA y con Al-Qaida, tenga ahora su reputación en riesgo”.

Baltasar Garzón –según Ignacio Escolar en su blog “Escolar.net” – se convierte en la primera persona de la historia de España que se sentará en un banquillo por los crímenes del franquismo. “Por investigarlos, por supuesto. Como acusación, figura Falange Española. Entre los jueces que han participado en la llamativa decisión, destaca un magistrado que compagina el Supremo español con la Hermandad del Valle de los Caídos. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pronto decidirá su salida de la Audiencia Nacional, se sienta la jueza que dio alas a la conspiración del ácido bórico. El vicepresidente del CGPJ es un ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana, amigo íntimo de Camps. Baltasar Garzón ya casi tiene hora para el banquillo, mientras que la dirección del PP valenciano ya no tiene un solo imputado en la Gürtel, a pesar de que el sumario desvelado detalla más de seis millones de euros en supuesta financiación irregular sólo en Valencia”.

“Sentar a Garzón por denunciantes como Manos Limpias, Falange Española y Libertad e Identidad no es sino un exceso absoluto donde la razón fundamental se basa en la ley de Amnistía de 1977 –escribe RGAlmazán en su blog Kabila del 8 de abril– Una ley que fue aprobada en 1977 por un Parlamento pre-constitucional (la Constitución española se aprobó el 6 de diciembre de 1978) y que considera prescritos delitos de lesa humanidad, lo que está en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por España, quien ha pedido a España que se anule en varias ocasiones. Los franquistas, Varela, que odia a Garzón –instructor del caso–, y los jueces conservadores están cometiendo esta tropelía, contra el parecer del fiscal y del sentido común. Si la instrucción ha tenido problemas de forma, lo que hay que hacer es anularla y no sentar en el banquillo al juez que la ha abierto. ¿Alguien se imagina cuántos jueces hubieran sido juzgados por instrucciones mal llevadas?, suponiendo que sea así. … Que no piense el tal Varela, cuyo odio a Garzón le ha hecho enfermar, o los franquistas denunciantes que esto se queda así. Porque la justicia es tal, cuando cumple los mínimos requisitos y hoy se están sobrepasando los límites. Estamos en la picota en el mundo entero, hoy parece que España está llena de franquistas nostálgicos –que algo de eso hay—, y esto puede abrir la espita internacional de la presión contra el franquismo. Ojalá que sea así”

Volvemos, para terminar con ese breve resumen de la semana pasada, con la prensa. Los corresponsales extranjeros en España son llamados por el Tribunal Supremo para informarles directamente sobre el caso. “No recuerdo algo similar desde el atentado islamista del 11-M, durante la presidencia de Aznar –comenta Walter Haubrich, corresponsal del semanario alemán “Sonntagzeitung”– cuando nos llamaron, al igual que a los directores de periódicos españoles, para convencernos de que había sido ETA”. Haubrich se queda estupefacto con la convocatoria del Tribunal Supremo para explicar a los corresponsales extranjeros –excluidos, en principio, los medios españoles– los aspectos técnicos del procedimiento contra el juez Garzón. Otros periodistas británicos, italianos, alemanes, portugueses o franceses consultados, reflejan igualmente su extrañeza por esta cita inédita.”Deja bastante claro cuáles son sus intenciones, pero tampoco somos tontos”, dice Claudia Cucchiarato, corresponsal del rotativo italiano “L'Unità”. “Hay miedo a que las cosas no vayan por donde quieren. Antes de encontrarse con noticias que no puedan controlar, intentan hacerlo de esta manera”. Pero el Tribunal Supremo termina por desconvocar el encuentro informativo. En una nota de prensa, el alto tribunal justifica la desconvocatoria diciendo que “las expectativas creadas” por la misma y “el notable número de periodistas que han demostrado su interés en participar en el encuentro –cerca de un centenar– imposibilitarían materialmente dar adecuada satisfacción a las solicitudes de información de los asistentes”. Y la Oficina de Prensa del tribunal decide “facilitar a todos los interesados, por escrito, la correspondiente documentación explicativa del régimen técnico aplicable a los procesos contra aforados que se desarrollan en el Tribunal Supremo”.

Y tras estas páginas alrededor de Garzón, nos volcamos, como cada domingo, en el humor, la otra cara de la dura realidad.