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|             La histórica decisión de la  organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna), anunciada el pasado  20 de  octubre, de “cesar definitivamente su actividad armada” sin condiciones,  pone término a 43 años de violencia política en España, y representa el  fin de una suerte de trágica excepción española en Europa.  Desde la muerte del dictador Franco en  1975 y la adopción por referéndum de la Constitución en 1978, nada  justificaba el recurso al asesinato político, al atentado o a la  violencia armada. Todo ello (así como la tortura y la represión  policial) ha causado un enorme sufrimiento social y centenares de  víctimas mortales. La propia sociedad vasca, como lo expresó el  dirigente abertzale Arnaldo Otegi en julio pasado, ya no toleraba el terrorismo. Es menester ahora avanzar hacia la  construcción de la paz y la convivencia, sin vencedores ni vencidos, en  el marco definido el 17 de octubre pasado por los expertos  internacionales en la Declaración final de la Conferencia de Paz de San  Sebastián (1). Éstos aconsejaron “tratar exclusivamente las  consecuencias del conflicto”, o sea: la situación de los presos y de los  clandestinos; la restitución de las armas; la compensación y la  asistencia a todas las víctimas; el reconocimiento del dolor causado; y  la ayuda para sanar las heridas personales y sociales. Pero también, si  se desea establecer para siempre la concordia, habrá que avanzar de  manera responsable en lo político con la participación de todos los  partidos democráticos de España y Euskadi. Es interesante observar que ETA ha  anunciado su adiós a las armas justo un mes antes de las decisivas  elecciones legislativas del 20-N. Un escrutinio que, según las encuestas  de opinión, debería ganar con fuerte probabilidad el Partido Popular  (PP), vencedor ya de las últimas elecciones locales. ¿Ha querido ETA, en  cierto modo, influir en ese escrutinio? ¿Ha deseado, con el cese de su  actividad armada, apoyar una línea nacionalista no violenta que, como lo  demostró el éxito de Bildu en las elecciones municipales de mayo  pasado, cuenta hoy con la simpatía de una gran parte del electorado abertzale?  ¿En qué medida el fin del terror podría también ser capitalizado  electoralmente por el PSOE como una victoria política del Gobierno  actual capaz de atenuar su anunciada derrota? Muchos electores habituales del PSOE  estaban decididos, en efecto, a sancionar esta vez al partido de José  Luis Rodríguez Zapatero. No sólo a causa de la crisis inédita que vive  el país sino por las brutales políticas de ajuste (“impopulares pero  necesarias”, afirmó el Presidente) que han castigado sobre todo a las  clases medias y humildes, así como a los jubilados y a los jóvenes. Y  porque Zapatero –en una muestra de “coraje político”, según él–, se ha  rendido a los mercados, no dudando en asumir las consignas  ultraliberales exigidas por los inversores internacionales, el Fondo  Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la  canciller alemana Angela Merkel. Pareciera además que la impopularidad  actual del presidente Zapatero lo inhibiera en algún modo de cualquier  pudor a la hora de tomar, a final de mandato, medidas descaradamente  conservadoras, últimos desafíos a su propio electorado socialista. Por  ejemplo: la reciente reforma de la Constitución, sin referéndum, para  limitar los déficits presupuestarios como se lo exigían Francia (que no  se lo aplica a sí misma) y Alemania. O la muy controvertida decisión del  4 de octubre pasado (cuando ya las Cortes estaban disueltas), de firmar  un acuerdo en el que España cede a EEUU la base de Rota como sede naval  del escudo antimisiles de la OTAN. Zapatero se lo ha puesto muy difícil a  su virtual sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, al dejar un Partido  Socialista desorientado, confundido, aturdido, extraviado, exánime y  derrotado. No se repondrá fácilmente el PSOE. Le esperan largos años de  travesía del desierto en espera de su refundación. No es buena noticia para España. Sobre  todo porque la izquierda de la izquierda, de donde deberían provenir las  ideas más audaces y más constructivas para sacar al país del atolladero  se halla demasiado fragmentada. Y porque otras fuerzas de progreso que  suben en el resto de Europa, la ecología política por ejemplo (léase, en  esta misma página, el artículo de Joan Martínez Alier), se encuentran  aún, aquí, en el limbo. Este contexto favorece electoralmente al  PP. Y las encuestas lo anuncian, en efecto, como vencedor del próximo  escrutinio. Muchos electores que se disponen a votarlo creyendo que un  eventual Gobierno de Mariano Rajoy hará una política económica diferente  de la de Zapatero –o sea una política sin ajustes, sin recortes y sin  austeridad–, deben saber que no será así. Simplemente porque Zapatero,  en los últimos 18 meses, ha hecho, en economía, una política ya de  derechas. Y que, con mayor razón, Rajoy la acentuará. Basta con ver cómo se está comportando  la derecha actualmente en otros pagos. En Cataluña, por ejemplo, el  Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas (Convergència i Unió)  está aplicando (“sin que nos tiemble la mano”, ha dicho Mas) recortes  drásticos en los sectores de la Sanidad y de la Educación que han  disparado las protestas. En Sanidad, por ejemplo, anunció una reducción  de mil millones de euros, o sea el 10% de los recursos con los que contó  el pasado ejercicio en tiempos del Tripartito. Ello significa cierre de  centros sanitarios, supresión de plantas y quirófanos, pérdida de  camas, despido de auxiliares y médicos, supresión de turnos de noche,  etc. O sea, castigo para los pacientes. En Castilla-La Mancha, la presidenta  María Dolores de Cospedal (PP) presentó a final de agosto pasado un plan  de choque para recortar más de 1 800 millones de euros. Congeló la  oferta pública de empleo en todos los sectores y suprimió el 40% de los  puestos de personal eventual en la Administración pública. A los  profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se les  aumentaron autoritariamente dos horas lectivas cada semana. Se  suprimieron casi todos los centros de formación de los docentes. Y los  mayores recortes están previstos en el sector de la Sanidad (2). Para el  PP, Castilla-La Mancha es el laboratorio de lo que la derecha se  dispone a hacer si Rajoy consigue llegar a la Moncloa. El peligro es  pues inminente. ¿Acaso la propia María Dolores de Cospedal no definió su  brutal terapia de choque como “un ejemplo” para toda España?        (1) El País, Madrid, 18 de octubre de 2011. (2) Idem, 31 de agosto de 2011.  | |||
Recortes periodísticos y opiniones de todo ámbito sobre el 15-M en Valencia y España. Además de opiniones sobre la situación económica, política y social a nivel nacional e internacional.
jueves, 3 de noviembre de 2011
España, peligro inminente
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