Saqueo desde las alcantarillas
Instalaciones de la depuradora de Pinedo, gestionada por Emarsa. | Benito Pajares- El caso Emarsa desvela la corrupción desde la depuradora pública de Valencia
- Sus gestores derrocharon más de 20 millones en caprichos, lujo y regalos
- Gastaron 140.000 euros en viajes, 13.000 en relojes, 75.000 en joyas...
- El alcalde de Manises, uno de los 27 imputados, dimitió el pasado jueves
- Alberto Fabra: 'Lo que está saliendo nos avergüenza como sociedad'
El pasado jueves dimitió el alcalde de Manises, Enrique Crespo. Dejaba el Ayuntamiento, la vicepresidencia de la Diputación de Valencia y el Partido Popular. Está imputado por delitos societarios, malversación y estafa en el llamado 'caso Emarsa', uno de los escándalos de corrupción más graves de Valencia. Crespo no está solo en este lío.
Eclipsada por el peso de Gürtel, sin grandes figuras políticas y casi oculta en los medios de comunicación nacionales por su ámbito quizá demasiado local, la trama Emarsa esconde una perversión sobresaliente.
Emarsa es la sociedad pública que gestiona desde finales de los ochenta la planta de aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, una veintena de distritos y municipios. Su consejo de administración estaba controlado por el PP, con 12 miembros por los tres del PSPV y el único de Esquerra Unida. La empresa, ya quebrada, fue liquidada en cuanto asomó el escándalo. Desde la depuradora de Pinedo se tratan cada día más de 300.000 metros cúbicos de aguas residuales y cada vecino valenciano paga un canon en su factura del agua en concepto de "saneamiento".
De ese canon y del presupuesto de la entidad se sirvieron los gestores de la empresa para saquear más de 20 millones de euros. Posiblemente muchos más. La cifra de imputados se eleva hasta 27, la fianza que les exige el juez llega a los 25 millones de euros y el listado de presuntos delitos es casi tan extenso como las millonarias facturas que se cargaron sin justificación en las cuentas de la depuradora.
Se contrataban y pagaban servicios imposibles, noches de hotel en los que nadie se alojaba, facturas falsas a empresas amigas, se compraban cientos de teclados de ordenador para un local con apenas 30 mesas, teléfonos móviles, caros bolígrafos, reproductores de música... Año tras año los consejeros de Emarsa (todos) aprobaban las cuentas por unanimidad.
A finales de octubre del año pasado el juez imputaba a Enrique Crespo, alcalde de Manises y presidente de la entidad a la que pertenecía Emarsa, el más alto cargo implicado en el caso. Unas semanas antes su ex gerente, Esteban Cuesta, vendía a Crespo ante el juez: él estaba al tanto de todas las irregularidades.
Mientras, el proceso derivaba a sainete justo antes de las últimas Navidades. El Partido Popular de Manises repartía 99,5 millones de euros del segundo premio del Sorteo del Gordo. Número 53.404, vendido íntegramente en la administración número 3 de la localidad valenciana. Enseguida se sabía que Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, había sido agraciado con 625.000 euros, y que fue Enrique Crespo quien le vendió los décimos. El propio Rus advirtió que Crespo tenía más boletos que él.
El 23 de diciembre, sólo unas horas después, el juez preguntaba a Crespo si le había tocado la lotería y dónde estaban los décimos. El alcalde de Manises dijo que sólo tenía uno.
Tres semanas después, convocaba a los medios el empresario Juan Carlos Gimeno, ex edil del PP, imputado también en la causa por los contratos firmados entre Emarsa y dos de sus sociedades. Gimeno disparaba hacia arriba, apuntaba al particular 'señor X' del caso Emarsa. "Todo el mundo sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así", sentenció.
Explicó que todos los empleados de Emarsa desde 1991 eran cargos del PP, y que casi todos los proveedores eran militantes o próximos al partido. "Casi 3 millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP". Avisó: "Queda mucho lodo por salir".
Tras la absolución de Camps y Costa por el caso de los trajes derivado del caso Gürtel, los focos se giran de nuevo hacia Emarsa. El juez impuso el pasado lunes 25 millones de euros en fianzas a 14 de los imputados. Tres días después la presión tumbaba a Crespo. El caso continúa.
Eclipsada por el peso de Gürtel, sin grandes figuras políticas y casi oculta en los medios de comunicación nacionales por su ámbito quizá demasiado local, la trama Emarsa esconde una perversión sobresaliente.
Emarsa es la sociedad pública que gestiona desde finales de los ochenta la planta de aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, una veintena de distritos y municipios. Su consejo de administración estaba controlado por el PP, con 12 miembros por los tres del PSPV y el único de Esquerra Unida. La empresa, ya quebrada, fue liquidada en cuanto asomó el escándalo. Desde la depuradora de Pinedo se tratan cada día más de 300.000 metros cúbicos de aguas residuales y cada vecino valenciano paga un canon en su factura del agua en concepto de "saneamiento".
Enrique Crespo, ex alcalde de Manises.
Regalos, hoteles, 'traductoras'
Los directivos de Emarsa utilizaron el dinero público de la entidad que gestionaban para comprar artículos de Loewe por valor de 12.000 euros, adquirir 13.000 euros en relojes o 75.000 en regalos y joyas, para alquilar coches de gama alta, gastar 140.000 euros en viajes o 6.000 en una comida, otros 6.000 en taxis. Para contratar y traer a España a supuestas traductoras rumanas a las que se alojaba en suites de primera en la costa valenciana. "Por lo visto hablaban francés, griego y el kamasutra", ironizó el PSOE tras conocer los recibos.Se contrataban y pagaban servicios imposibles, noches de hotel en los que nadie se alojaba, facturas falsas a empresas amigas, se compraban cientos de teclados de ordenador para un local con apenas 30 mesas, teléfonos móviles, caros bolígrafos, reproductores de música... Año tras año los consejeros de Emarsa (todos) aprobaban las cuentas por unanimidad.
A finales de octubre del año pasado el juez imputaba a Enrique Crespo, alcalde de Manises y presidente de la entidad a la que pertenecía Emarsa, el más alto cargo implicado en el caso. Unas semanas antes su ex gerente, Esteban Cuesta, vendía a Crespo ante el juez: él estaba al tanto de todas las irregularidades.
Comisión de investigación
Recién aterrizado en la Generalitat, Alberto Fabra anunció que el gobierno valenciano se personaría como acusación en el 'caso Emarsa' y prometió una comisión de investigación, todavía pendiente, en la que la oposición quiere sentar a Rita Barberá. "Lo que está saliendo nos avergüenza como administración y sociedad", reconoció Fabra.Mientras, el proceso derivaba a sainete justo antes de las últimas Navidades. El Partido Popular de Manises repartía 99,5 millones de euros del segundo premio del Sorteo del Gordo. Número 53.404, vendido íntegramente en la administración número 3 de la localidad valenciana. Enseguida se sabía que Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, había sido agraciado con 625.000 euros, y que fue Enrique Crespo quien le vendió los décimos. El propio Rus advirtió que Crespo tenía más boletos que él.
El 23 de diciembre, sólo unas horas después, el juez preguntaba a Crespo si le había tocado la lotería y dónde estaban los décimos. El alcalde de Manises dijo que sólo tenía uno.
Tres semanas después, convocaba a los medios el empresario Juan Carlos Gimeno, ex edil del PP, imputado también en la causa por los contratos firmados entre Emarsa y dos de sus sociedades. Gimeno disparaba hacia arriba, apuntaba al particular 'señor X' del caso Emarsa. "Todo el mundo sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así", sentenció.
Explicó que todos los empleados de Emarsa desde 1991 eran cargos del PP, y que casi todos los proveedores eran militantes o próximos al partido. "Casi 3 millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP". Avisó: "Queda mucho lodo por salir".
Tras la absolución de Camps y Costa por el caso de los trajes derivado del caso Gürtel, los focos se giran de nuevo hacia Emarsa. El juez impuso el pasado lunes 25 millones de euros en fianzas a 14 de los imputados. Tres días después la presión tumbaba a Crespo. El caso continúa.
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