Por un Sistema Público de Cajas de Ahorros
Los abajo firmantes hacemos un llamamiento a la constitución de una “Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros” algo que, en la Comunidad de Madrid se concreta en la exigencia de la nacionalización de Caja Madrid-Bankia. Puedes firmar en apoyo de esta reivindicación y ponerte en contacto con nosotros, a través de la web www.nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com y el correo electrónico nacionalizarcajamadrid@gmail.com
El Gobierno de Rodríguez Zapatero, respaldado por el PP, está forzando la conversión de las Cajas de Ahorros en bancos privados. Amparándose en la nueva legislación estatal, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha aprobado una Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid para privatizar Caja Madrid. La crisis económica se ha convertido en la excusa de los gobiernos estatal y autonómicos, alentados por el Banco de España, para tomar estas medidas. Su objetivo es permitir a los bancos privados y grandes fondos de inversión —privados y públicos, incluidos los fondos soberanos de varios países— hacerse con el control de los ahorros depositados en las Cajas. Ese proceso no está por venir, sino que ya ha empezado. La privatización de Caja de Madrid, a través de la creación de BANKIA junto con otras seis Cajas (de Castilla León, La Rioja, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana), pondrá en manos de estos inversores unos 150.000 millones de euros de los ahorros de los madrileños. Las peores consecuencias de estas medidas las sufrirán las familias trabajadoras. Frente a ello, nosotros reclamamos la nacionalización de Caja Madrid-BANKIA, y queremos que este sea el primer paso hacia la nacionalización del conjunto de las Cajas, para crear un Sistema Público de Cajas de Ahorros que permita emplear sus recursos en provecho de la mayoría de la sociedad, y no de una minoría cada vez más rica.
La conversión de las Cajas en bancos privados no asegura un buen uso de nuestros ahorros. Todo lo contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público a través de los Estados y los bancos centrales, incluso mediante su nacionalización, en algunos casos. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, pensiones y empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.
De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Hace décadas que aspiran a ello y la crisis les ha brindado la excusa perfecta. Las Cajas tienen unos activos totales de 1.280.734 millones de euros, o sea, más de un billón de euros, (datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA, de diciembre de 2009), cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010, después de haber dedicado grandes cantidades a sanear sus cuentas. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.
En definitiva, pelear por hacer públicas las Cajas es un paso necesario para detener y revertir la oleada de medidas económicas que las instituciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y nuestros gobernantes, llevan imponiéndonos desde que empezó la crisis, y cuyas consecuencias son regresiones constantes en los derechos de los trabajadores y el recorte del gasto social. Todas estas medidas regresivas vienen con el respaldo de centros académicos, preferentemente de economistas neoliberales —premios Nobel incluidos— y de grupos de presión organizados en fundaciones empresariales, que pretenden dar a dicha actuación una apariencia “científica”. Son estos mismos centros y lobbys los que nutren de ejecutivos a la banca y las grandes empresas, así como proporcionan a los responsables económicos de las instituciones públicas encargadas de aplicar los ajustes.
Exigimos responsabilidades Aunque la situación varía de unas a otras, las Cajas han sido mal gestionadas. A pesar de ser entidades con “finalidad social”, en lugar de promover la vivienda de protección pública han sido las principales entidades financieras involucradas en el negocio de la vivienda privada, invirtiendo y financiando a las inmobiliarias, por un lado, y concediendo créditos hipotecarios para la compra de vivienda, por otro. Esta actividad ha sido muy lucrativa hasta el fin de la burbuja del “ladrillo”. Es sonada la concesión de un crédito de 1.000 millones de euros de Caja Madrid a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que ha protagonizado una de las mayores quiebras españolas.
Además, se han dedicado a invertir en proyectos tan cuestionables socialmente como parques de atracciones (Warner, Terra Mítica…), sanidad privada, etcétera. También ha habido casos de empresas de consejeros de las Cajas que recibían importantes créditos, como el de Díaz Ferrán, cuyas empresas obtuvieron créditos por importe de 23,5 millones de euros de Caja Madrid, sin garantías suficientes y contraviniendo los Estatutos de la entidad. El Banco de España ha multado a los directivos y al Consejo de administración de Caja Sur, por motivos similares.
Al calor del auge inmobiliario, las Cajas aceleraron su carrera desbocada por abrir sucursales en todo el país, entrando en competencia entre ellas en lugar de centrarse en sus respectivos territorios y buscar la colaboración entre las distintas entidades.
Finalmente, emulando a los bancos, los altos directivos se han puesto sueldos millonarios. En una muestra de la falta de transparencia de esta instituciones, los salarios individualizados de éstos se desconocen ya que sólo se dan cifras globales. En 2010, el Consejo de Administración de Caja Madrid, de 22 miembros, percibió más de 17 millones de euros. Diversas fuentes establecen que su anterior presidente ganaba más de 3 millones de euros anuales, y de su actual presidente, Rodrigo Rato, no tenemos datos. Y todo esto con el respaldo de los integrantes de los consejos de administración, muchos de ellos representando a partidos de izquierda y sindicatos de clase.
Así pues, hay que hacer auditorías públicas de las Cajas para conocer su realidad y exigir responsabilidades a quienes las han gestionado:
- sus altos directivos;
- a los que debían supervisarlas y establecer su política, los miembros de sus consejos de administración y comisiones de control —integradas por representantes de las comunidades y ayuntamientos, sindicatos, patronal, partidos políticos, entidades diversas y representantes de los impositores—;
- a los sucesivos gobiernos, estatales y de las comunidades, que permitieron o propiciaron esta actuación;
- a la entidad que tenía la obligación de vigilar su actividad financiera, el Banco de España.
Todos ellos son responsables de un mal uso de nuestros ahorros.
La bancarización no es la solución, sino el problema
¿Van a resolverse los problemas de las Cajas con su transformación definitiva en bancos? En absoluto. Precisamente éstos son consecuencia de haber actuado más como bancos privados que como entidades con finalidad social. Por el contrario, su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.
La Obra social ha estado lejos de jugar el papel que debería. Ha sido insuficiente. La cantidad invertida en ella por las Cajas ha supuesto, por término medio, un 25% del total de sus beneficios. Y, en gran medida, se ha usado para la autopromoción. En 2008, un tercio de la misma se dedicó a actividades culturales y de ocio dirigidas a segmentos de nivel adquisitivo medio y alto. Aun con estas carencias, la Obra Social sí juega un importante papel afectando a la vida de muchas personas, puesto que las Cajas tienen una buena cantidad de instituciones sociales muy útiles como bibliotecas, centros de día para mayores, salas de exposiciones, centros escolares para disminuidos, centros culturales, etc. A pesar de las declaraciones de intenciones, la transformación de las Cajas en bancos, que supeditará su actuación a la ley del máximo beneficio, será el fin de la Obra Social a medio plazo.
A pesar de la mala gestión, no es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales y a transformarse definitivamente en bancos. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.
¡Vamos a pagar con dinero público la privatización! Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Las Cajas han recibido créditos o ayudas públicas, principalmente a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), por importe de 16.264 millones de euros, y necesitarán más. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera Caja Madrid ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas. Un negocio muy rentable que se presenta como si los bancos privados hicieran un favor a la sociedad, cuando la realidad es la contraria: les damos nuestros ahorros, mientras les ayudamos a enjugar las deudas con dinero público.
En consecuencia, la entrega al capital privado de las Cajas no evitará gastos al erario público pero sí lo privará de dotarse de una importante fuente de ingresos y de una palanca financiera imprescindible para resolver los problemas sociales. No son aceptables propuestas como la que hace el Partido Socialista de Madrid(PSM) para la creación de un banco público regional mientras respalda la privatización de las Cajas. Dicho banco, una especie de Instituto Oficial de Crédito (ICO) en miniatura, tendría un fondo de 650 millones de euros que se obtendría a través de la emisión de deuda pública por parte de la Comunidad de Madrid (suponiendo que el Gobierno central se lo permita, dada su insistencia en recortar el gasto público). Así, se trataría de un banco con recursos insuficientes, minúsculos al lado del peso económico de la entidad que se privatiza, Caja Madrid, y sólo contribuiría a endeudar más a la Comunidad, una deuda que pagaríamos los de siempre. Resulta llamativo que esta medida del PSM suponga una cantidad casi equivalente a lo que se deja de ingresar anualmente por la supresión del impuesto de Patrimonio, algo que hizo Esperanza Aguirre con el respaldo de Tomás Gómez. Se nos han quitado unos ingresos provenientes de las rentas más altas del impuesto de Patrimonio y, por otro lado, se nos propone que los 650 millones los paguemos todos a través de más deuda pública. En definitiva, la propuesta es más bien una hoja de parra tras las que ocultar la operación con Caja Madrid, no una alternativa real.
Necesitamos una banca pública al servicio de la sociedad
Sin embargo, existe una alternativa a todas estas medidas. En lugar de una “contrarreforma” en beneficio de la minoría más rica de la sociedad, necesitamos una reforma de las Cajas para que éstas se pongan al servicio de la mayoría. La única forma de conseguirlo es transformándolas en públicas, posibilitando que su gestión sea establecida y supervisada democráticamente. Para ello, dado que son entidades privadas, no hay otro camino que su nacionalización. En la Comunidad de Madrid eso nos conduce a reivindicar la NACIONALIZACIÓN DE CAJA MADRID-BANKIA. No obstante, sabemos que esta medida también debe plantearse a nivel estatal. ¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.
En consecuencia, hacemos un llamamiento a las entidades sociales progresistas y ciudadanos críticos, a la constitución de una “Plataforma por la nacionalización de las Cajas de ahorros”, para que denuncie esta política, movilice y exija:
El Gobierno de Rodríguez Zapatero, respaldado por el PP, está forzando la conversión de las Cajas de Ahorros en bancos privados. Amparándose en la nueva legislación estatal, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha aprobado una Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid para privatizar Caja Madrid. La crisis económica se ha convertido en la excusa de los gobiernos estatal y autonómicos, alentados por el Banco de España, para tomar estas medidas. Su objetivo es permitir a los bancos privados y grandes fondos de inversión —privados y públicos, incluidos los fondos soberanos de varios países— hacerse con el control de los ahorros depositados en las Cajas. Ese proceso no está por venir, sino que ya ha empezado. La privatización de Caja de Madrid, a través de la creación de BANKIA junto con otras seis Cajas (de Castilla León, La Rioja, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana), pondrá en manos de estos inversores unos 150.000 millones de euros de los ahorros de los madrileños. Las peores consecuencias de estas medidas las sufrirán las familias trabajadoras. Frente a ello, nosotros reclamamos la nacionalización de Caja Madrid-BANKIA, y queremos que este sea el primer paso hacia la nacionalización del conjunto de las Cajas, para crear un Sistema Público de Cajas de Ahorros que permita emplear sus recursos en provecho de la mayoría de la sociedad, y no de una minoría cada vez más rica.
La conversión de las Cajas en bancos privados no asegura un buen uso de nuestros ahorros. Todo lo contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público a través de los Estados y los bancos centrales, incluso mediante su nacionalización, en algunos casos. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, pensiones y empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.
De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Hace décadas que aspiran a ello y la crisis les ha brindado la excusa perfecta. Las Cajas tienen unos activos totales de 1.280.734 millones de euros, o sea, más de un billón de euros, (datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA, de diciembre de 2009), cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010, después de haber dedicado grandes cantidades a sanear sus cuentas. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.
En definitiva, pelear por hacer públicas las Cajas es un paso necesario para detener y revertir la oleada de medidas económicas que las instituciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y nuestros gobernantes, llevan imponiéndonos desde que empezó la crisis, y cuyas consecuencias son regresiones constantes en los derechos de los trabajadores y el recorte del gasto social. Todas estas medidas regresivas vienen con el respaldo de centros académicos, preferentemente de economistas neoliberales —premios Nobel incluidos— y de grupos de presión organizados en fundaciones empresariales, que pretenden dar a dicha actuación una apariencia “científica”. Son estos mismos centros y lobbys los que nutren de ejecutivos a la banca y las grandes empresas, así como proporcionan a los responsables económicos de las instituciones públicas encargadas de aplicar los ajustes.
Exigimos responsabilidades Aunque la situación varía de unas a otras, las Cajas han sido mal gestionadas. A pesar de ser entidades con “finalidad social”, en lugar de promover la vivienda de protección pública han sido las principales entidades financieras involucradas en el negocio de la vivienda privada, invirtiendo y financiando a las inmobiliarias, por un lado, y concediendo créditos hipotecarios para la compra de vivienda, por otro. Esta actividad ha sido muy lucrativa hasta el fin de la burbuja del “ladrillo”. Es sonada la concesión de un crédito de 1.000 millones de euros de Caja Madrid a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que ha protagonizado una de las mayores quiebras españolas.
Además, se han dedicado a invertir en proyectos tan cuestionables socialmente como parques de atracciones (Warner, Terra Mítica…), sanidad privada, etcétera. También ha habido casos de empresas de consejeros de las Cajas que recibían importantes créditos, como el de Díaz Ferrán, cuyas empresas obtuvieron créditos por importe de 23,5 millones de euros de Caja Madrid, sin garantías suficientes y contraviniendo los Estatutos de la entidad. El Banco de España ha multado a los directivos y al Consejo de administración de Caja Sur, por motivos similares.
Al calor del auge inmobiliario, las Cajas aceleraron su carrera desbocada por abrir sucursales en todo el país, entrando en competencia entre ellas en lugar de centrarse en sus respectivos territorios y buscar la colaboración entre las distintas entidades.
Finalmente, emulando a los bancos, los altos directivos se han puesto sueldos millonarios. En una muestra de la falta de transparencia de esta instituciones, los salarios individualizados de éstos se desconocen ya que sólo se dan cifras globales. En 2010, el Consejo de Administración de Caja Madrid, de 22 miembros, percibió más de 17 millones de euros. Diversas fuentes establecen que su anterior presidente ganaba más de 3 millones de euros anuales, y de su actual presidente, Rodrigo Rato, no tenemos datos. Y todo esto con el respaldo de los integrantes de los consejos de administración, muchos de ellos representando a partidos de izquierda y sindicatos de clase.
Así pues, hay que hacer auditorías públicas de las Cajas para conocer su realidad y exigir responsabilidades a quienes las han gestionado:
- sus altos directivos;
- a los que debían supervisarlas y establecer su política, los miembros de sus consejos de administración y comisiones de control —integradas por representantes de las comunidades y ayuntamientos, sindicatos, patronal, partidos políticos, entidades diversas y representantes de los impositores—;
- a los sucesivos gobiernos, estatales y de las comunidades, que permitieron o propiciaron esta actuación;
- a la entidad que tenía la obligación de vigilar su actividad financiera, el Banco de España.
Todos ellos son responsables de un mal uso de nuestros ahorros.
La bancarización no es la solución, sino el problema
¿Van a resolverse los problemas de las Cajas con su transformación definitiva en bancos? En absoluto. Precisamente éstos son consecuencia de haber actuado más como bancos privados que como entidades con finalidad social. Por el contrario, su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.
La Obra social ha estado lejos de jugar el papel que debería. Ha sido insuficiente. La cantidad invertida en ella por las Cajas ha supuesto, por término medio, un 25% del total de sus beneficios. Y, en gran medida, se ha usado para la autopromoción. En 2008, un tercio de la misma se dedicó a actividades culturales y de ocio dirigidas a segmentos de nivel adquisitivo medio y alto. Aun con estas carencias, la Obra Social sí juega un importante papel afectando a la vida de muchas personas, puesto que las Cajas tienen una buena cantidad de instituciones sociales muy útiles como bibliotecas, centros de día para mayores, salas de exposiciones, centros escolares para disminuidos, centros culturales, etc. A pesar de las declaraciones de intenciones, la transformación de las Cajas en bancos, que supeditará su actuación a la ley del máximo beneficio, será el fin de la Obra Social a medio plazo.
A pesar de la mala gestión, no es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales y a transformarse definitivamente en bancos. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.
¡Vamos a pagar con dinero público la privatización! Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Las Cajas han recibido créditos o ayudas públicas, principalmente a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), por importe de 16.264 millones de euros, y necesitarán más. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera Caja Madrid ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas. Un negocio muy rentable que se presenta como si los bancos privados hicieran un favor a la sociedad, cuando la realidad es la contraria: les damos nuestros ahorros, mientras les ayudamos a enjugar las deudas con dinero público.
En consecuencia, la entrega al capital privado de las Cajas no evitará gastos al erario público pero sí lo privará de dotarse de una importante fuente de ingresos y de una palanca financiera imprescindible para resolver los problemas sociales. No son aceptables propuestas como la que hace el Partido Socialista de Madrid(PSM) para la creación de un banco público regional mientras respalda la privatización de las Cajas. Dicho banco, una especie de Instituto Oficial de Crédito (ICO) en miniatura, tendría un fondo de 650 millones de euros que se obtendría a través de la emisión de deuda pública por parte de la Comunidad de Madrid (suponiendo que el Gobierno central se lo permita, dada su insistencia en recortar el gasto público). Así, se trataría de un banco con recursos insuficientes, minúsculos al lado del peso económico de la entidad que se privatiza, Caja Madrid, y sólo contribuiría a endeudar más a la Comunidad, una deuda que pagaríamos los de siempre. Resulta llamativo que esta medida del PSM suponga una cantidad casi equivalente a lo que se deja de ingresar anualmente por la supresión del impuesto de Patrimonio, algo que hizo Esperanza Aguirre con el respaldo de Tomás Gómez. Se nos han quitado unos ingresos provenientes de las rentas más altas del impuesto de Patrimonio y, por otro lado, se nos propone que los 650 millones los paguemos todos a través de más deuda pública. En definitiva, la propuesta es más bien una hoja de parra tras las que ocultar la operación con Caja Madrid, no una alternativa real.
Necesitamos una banca pública al servicio de la sociedad
Sin embargo, existe una alternativa a todas estas medidas. En lugar de una “contrarreforma” en beneficio de la minoría más rica de la sociedad, necesitamos una reforma de las Cajas para que éstas se pongan al servicio de la mayoría. La única forma de conseguirlo es transformándolas en públicas, posibilitando que su gestión sea establecida y supervisada democráticamente. Para ello, dado que son entidades privadas, no hay otro camino que su nacionalización. En la Comunidad de Madrid eso nos conduce a reivindicar la NACIONALIZACIÓN DE CAJA MADRID-BANKIA. No obstante, sabemos que esta medida también debe plantearse a nivel estatal. ¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.
En consecuencia, hacemos un llamamiento a las entidades sociales progresistas y ciudadanos críticos, a la constitución de una “Plataforma por la nacionalización de las Cajas de ahorros”, para que denuncie esta política, movilice y exija:
- 1. Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación.
- 2. Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondría públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades.
- 3. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa.
- 4. Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias.
- 5. Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo.
- 6. Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico.
- 7. Garantía de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de deshaucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas.
- 8. La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autonónomos.
- 9. Basta de destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente.
- 10. La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas.
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