La ampliación proyectada por la multinacional Lafarge arrasaría 75 hectáreas del Monte Romeu
Los efectos de la actividad de las compañías trasnacionales y sus métodos a veces se aprecian mejor en los proyectos locales. La receptividad de los políticos a las iniciativas de las empresas, las ayudas y subvenciones a su implantación, el desmesurado impacto ambiental y territorial de las actuaciones y la explotación de los trabajadores autóctonos son una realidad verificable en casi todos los casos. Lafarge es una compañía francesa líder mundial en el negocio de los materiales de construcción (la primera del mundo en la producción de cemento, la segunda en áridos y la tercera en hormigones). Opera en 78 países y, en el estado español, emplea a más de mil personas en sus dos filiales (Lafarge Cementos y Lafarge Áridos y Hormigones).
La multinacional llegó hace varias décadas al Puerto de Sagunto, corazón industrial de una comarca valenciana de 85.000 habitantes –el Camp de Morvedre- que en la década de los 80 sufrió un proceso salvaje de reconversión. Lafarge explota actualmente, con los permisos en regla, una cantera (Salt del LLop) emplazada junto a Sagunto. La compañía planea ahora ampliar la cantera, lo que arrasaría unas 75 hectáreas del Monte Romeu, principal pulmón verde de Sagunto (65.000 habitantes).
La ampliación provocaría daños irreversibles en un paraje de 274 hectáreas con elementos de interés como un denso bosque de pinos blancos adultos, matorral mediterráneo y ejemplos de vegetación arbustiva (lentisco, coscoja y aladierno, entre otros). También destaca por su fauna, con importante presencia de reptiles y, en las zonas boscosas, gatos salvajes, ardillas, zorros y jabalíes. Otra muestra de la biodiversidad de la zona son los murciélagos protegidos y las rapaces en situación “vulnerable”, como el águila azor perdicera. La montaña acoge asimismo un relevante patrimonio cultural: aljibes, un valioso refugio de piedra en seco, la casa-refugio donde se escondía el guerrillero Romeu y los restos de un poblado íbero de la edad de bronce.
No sólo por la biodiversidad del paraje. Tampoco debería teóricamente ampliarse la cantera porque el Monte Romeu está catalogado “Monte de Utilidad Pública” de propiedad municipal y el Plan General de Sagunto lo califica como “Suelo No Urbanizable de Protección Forestal”, aunque Lafarge logró, en una decisión sin precedentes, que la Generalitat Valenciana compatibilizara esta protección con la “tolerancia extractiva”. La propia Generalitat redactó el Plan Especial para proteger el monte mediante la figura jurídica de “Paraje Natural Municipal”, lo que supone –aunque finalmente no se haya aprobado la declaración- un reconocimiento de su valor ambiental y paisajístico.
Que el monte posee valores que lo hacen merecedor de protección parece indudable. La mejor prueba es que la Conselleria de Medio Ambiente denegó en mayo de 2010 la Declaración de Interés Comunitario (autorización que otorga la Generalitat Valenciana para actividades económicas en suelo no urbanizable) a Lafarge por el impacto negativo que produciría la explotación minera. “Está claro que la actividad extractiva es incompatible con la motivación de la declaración de Monte de Utilidad Pública, ya que esta provoca la desaparición total de la cubierta vegetal y del suelo, y por tanto favorecerá los procesos erosivos y destruirá el ecosistema de esa área”, justifica la resolución.
Sin embargo, la evidencia del impacto negativo no ha hecho desistir a Lafarge en su empeño de ampliar la actividad extractiva y, para ello, cuenta con buenos aliados en los partidos mayoritarios del Ayuntamiento de Sagunto (PP –que ocupa la alcaldía- PSOE y Segregación Porteña). Más aún cuando en 2018 finaliza la concesión municipal para la cantera que actualmente explota.
Un convenio, presentado públicamente aunque no firmado, entre el Ayuntamiento de Sagunto y la multinacional pone negro sobre blanco las intenciones de ésta: la ampliación de la cantera, es decir, realizar extracciones en dos sectores del Monte Romeu, que suman 50 hectáreas. Al estar las dos zonas separadas, habría que comunicarlas mediante dos grandes vías, lo que produciría, en total, daños irreparables sobre unas 75 hectáreas de monte. La empresa y el consistorio ya han manifestado su propósito de aplicar el convenio, aunque ello suponga pasar por encima de la Declaración de Interés Comunitario que desautoriza la actuación.
Según Jordi Cortina, miembro de la Plataforma de Defensa del Paraje Romeu, “el documento plasma los intereses privados de Lafarge y responde a las órdenes de una empresa que con la complicidad del PP, del PSOE y Segregación Porteña ha suplantado la voluntad de los ciudadanos; de hecho, algunas encuestas señalan que el 85% de los vecinos de Sagunto están a favor de la protección del Monte Romeu, declarándolo “Paraje Natural Municipal” y se oponen a la ampliación de la cantera”.
La iniciativa no es nueva. En 2005 la multinacional ya pidió al Ayuntamiento de Sagunto, a través de un testaferro, autorización para ampliar la pedrera en 100 hectáreas, a lo que el consistorio se negó aduciendo que pretendía declarar la zona “Paraje Natural Municipal”. A partir de entonces comenzaron las negociaciones, fruto de las cuales es el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa, que vuelve a generar negras incertidumbres sobre el futuro del Monte Romeu.
A la luz de los hechos, la trayectoria de Lafarge en Sagunto no es precisamente respetuosa con el medio ambiente ni con los derechos de los trabajadores. Las actuaciones de restauración que, por exigencia legal, han de realizarse en paralelo a las extracciones han sido mínimas y, por si fuera poco, se han puesto en explotación zonas previamente restauradas. Además, según el Registro de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, Lafarge es una de las empresas más contaminantes del País Valenciano. No resulta extraño, por tanto, que los trabajadores hayan denunciado incineraciones fuera de control y sin los filtros necesarios por parte de la compañía.
La multinacional se ha especializado en subcontratar con empresas ficticias –la última, Eurocen-, que le prestan servicios de manera exclusiva en su factoría del Puerto de Sagunto, aunque en peores condiciones laborales y salariales. Al menos 10 contratas han funcionado de este modo en los últimos años. La compañía despidió en 2010 a 11 trabajadores que denunciaron en los juzgados esta situación de “cesión ilegal”, y pidieron que se les reconociera la relación laboral real que les unía a Lafarge. Todo ello, según los trabajadores, hubiera sido imposible con presencia de sindicatos de clase en la cementera y si el comité de empresa no actuara, en la práctica, como un sindicato amarillo.
En pleno conflicto, y desde fuera de la empresa, CCOO del Camp de Morvedre denunció que en Lafarge-Sagunto no existe una valoración de los puestos de trabajo que se desarrollan en condiciones penosas, peligrosas o tóxicas; tampoco un calendario laboral anual ni una previsión de vacaciones; y los accidentes en el tajo se ocultan hasta el punto de mandar a los trabajadores a sus casas a cambio de continuar cobrando un salario.
¿Cómo responde ante estas acusaciones la cementera número uno del mundo? Con propaganda y autobombo. En su página Web figura la siguiente proclama: “Lafarge considera que el crecimiento económico sostenible no puede producirse sin el progreso social, la protección del medio ambiente y el respeto a las comunidades locales”. Pero lo cierto es que los hechos no se compadecen con las declaraciones triunfalistas.
Dentro de las campañas orquestadas por Lafarge, preferentemente en sus comunicados de prensa, se vincula la ampliación de la cantera al mantenimiento de los puestos de trabajo en la fábrica de Sagunto. El nexo se establece a partir de datos muy imprecisos: entre 200 y 800 empleos dependerían –según la multinacional- de las extracciones. Un argumento que, por tópico e interesado que resulte, no deja de surtir efecto en un contexto de crisis económica.
Los vecinos de Sagunto apoyan de manera muy mayoritaria (algunas encuestas señalan que el 85%) la protección del Monte Romeu pero votan, y continuarán haciéndolo el 22 de mayo, a partidos que defienden la ampliación de la cantera. Algunas organizaciones mantienen, sin embargo, una ejemplar coherencia en la lucha.
Es el caso del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, que continúa alzando la bandera de la protección del Monte Romeu mediante la declaración de “Paraje Natural Municipal”; y la Plataforma de Veïns de la Muntanya de Romeu-Bonilles, formada por ciudadanos que residen cerca de la pedrera, se oponen a su ampliación y defienden los valores ambientales del monte. Se trata, en definitiva, de una resistencia local y comarcal a la prepotencia de un poder multinacional que desprecia los valores del territorio.
La multinacional llegó hace varias décadas al Puerto de Sagunto, corazón industrial de una comarca valenciana de 85.000 habitantes –el Camp de Morvedre- que en la década de los 80 sufrió un proceso salvaje de reconversión. Lafarge explota actualmente, con los permisos en regla, una cantera (Salt del LLop) emplazada junto a Sagunto. La compañía planea ahora ampliar la cantera, lo que arrasaría unas 75 hectáreas del Monte Romeu, principal pulmón verde de Sagunto (65.000 habitantes).
La ampliación provocaría daños irreversibles en un paraje de 274 hectáreas con elementos de interés como un denso bosque de pinos blancos adultos, matorral mediterráneo y ejemplos de vegetación arbustiva (lentisco, coscoja y aladierno, entre otros). También destaca por su fauna, con importante presencia de reptiles y, en las zonas boscosas, gatos salvajes, ardillas, zorros y jabalíes. Otra muestra de la biodiversidad de la zona son los murciélagos protegidos y las rapaces en situación “vulnerable”, como el águila azor perdicera. La montaña acoge asimismo un relevante patrimonio cultural: aljibes, un valioso refugio de piedra en seco, la casa-refugio donde se escondía el guerrillero Romeu y los restos de un poblado íbero de la edad de bronce.
No sólo por la biodiversidad del paraje. Tampoco debería teóricamente ampliarse la cantera porque el Monte Romeu está catalogado “Monte de Utilidad Pública” de propiedad municipal y el Plan General de Sagunto lo califica como “Suelo No Urbanizable de Protección Forestal”, aunque Lafarge logró, en una decisión sin precedentes, que la Generalitat Valenciana compatibilizara esta protección con la “tolerancia extractiva”. La propia Generalitat redactó el Plan Especial para proteger el monte mediante la figura jurídica de “Paraje Natural Municipal”, lo que supone –aunque finalmente no se haya aprobado la declaración- un reconocimiento de su valor ambiental y paisajístico.
Que el monte posee valores que lo hacen merecedor de protección parece indudable. La mejor prueba es que la Conselleria de Medio Ambiente denegó en mayo de 2010 la Declaración de Interés Comunitario (autorización que otorga la Generalitat Valenciana para actividades económicas en suelo no urbanizable) a Lafarge por el impacto negativo que produciría la explotación minera. “Está claro que la actividad extractiva es incompatible con la motivación de la declaración de Monte de Utilidad Pública, ya que esta provoca la desaparición total de la cubierta vegetal y del suelo, y por tanto favorecerá los procesos erosivos y destruirá el ecosistema de esa área”, justifica la resolución.
Sin embargo, la evidencia del impacto negativo no ha hecho desistir a Lafarge en su empeño de ampliar la actividad extractiva y, para ello, cuenta con buenos aliados en los partidos mayoritarios del Ayuntamiento de Sagunto (PP –que ocupa la alcaldía- PSOE y Segregación Porteña). Más aún cuando en 2018 finaliza la concesión municipal para la cantera que actualmente explota.
Un convenio, presentado públicamente aunque no firmado, entre el Ayuntamiento de Sagunto y la multinacional pone negro sobre blanco las intenciones de ésta: la ampliación de la cantera, es decir, realizar extracciones en dos sectores del Monte Romeu, que suman 50 hectáreas. Al estar las dos zonas separadas, habría que comunicarlas mediante dos grandes vías, lo que produciría, en total, daños irreparables sobre unas 75 hectáreas de monte. La empresa y el consistorio ya han manifestado su propósito de aplicar el convenio, aunque ello suponga pasar por encima de la Declaración de Interés Comunitario que desautoriza la actuación.
Según Jordi Cortina, miembro de la Plataforma de Defensa del Paraje Romeu, “el documento plasma los intereses privados de Lafarge y responde a las órdenes de una empresa que con la complicidad del PP, del PSOE y Segregación Porteña ha suplantado la voluntad de los ciudadanos; de hecho, algunas encuestas señalan que el 85% de los vecinos de Sagunto están a favor de la protección del Monte Romeu, declarándolo “Paraje Natural Municipal” y se oponen a la ampliación de la cantera”.
La iniciativa no es nueva. En 2005 la multinacional ya pidió al Ayuntamiento de Sagunto, a través de un testaferro, autorización para ampliar la pedrera en 100 hectáreas, a lo que el consistorio se negó aduciendo que pretendía declarar la zona “Paraje Natural Municipal”. A partir de entonces comenzaron las negociaciones, fruto de las cuales es el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa, que vuelve a generar negras incertidumbres sobre el futuro del Monte Romeu.
A la luz de los hechos, la trayectoria de Lafarge en Sagunto no es precisamente respetuosa con el medio ambiente ni con los derechos de los trabajadores. Las actuaciones de restauración que, por exigencia legal, han de realizarse en paralelo a las extracciones han sido mínimas y, por si fuera poco, se han puesto en explotación zonas previamente restauradas. Además, según el Registro de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, Lafarge es una de las empresas más contaminantes del País Valenciano. No resulta extraño, por tanto, que los trabajadores hayan denunciado incineraciones fuera de control y sin los filtros necesarios por parte de la compañía.
La multinacional se ha especializado en subcontratar con empresas ficticias –la última, Eurocen-, que le prestan servicios de manera exclusiva en su factoría del Puerto de Sagunto, aunque en peores condiciones laborales y salariales. Al menos 10 contratas han funcionado de este modo en los últimos años. La compañía despidió en 2010 a 11 trabajadores que denunciaron en los juzgados esta situación de “cesión ilegal”, y pidieron que se les reconociera la relación laboral real que les unía a Lafarge. Todo ello, según los trabajadores, hubiera sido imposible con presencia de sindicatos de clase en la cementera y si el comité de empresa no actuara, en la práctica, como un sindicato amarillo.
En pleno conflicto, y desde fuera de la empresa, CCOO del Camp de Morvedre denunció que en Lafarge-Sagunto no existe una valoración de los puestos de trabajo que se desarrollan en condiciones penosas, peligrosas o tóxicas; tampoco un calendario laboral anual ni una previsión de vacaciones; y los accidentes en el tajo se ocultan hasta el punto de mandar a los trabajadores a sus casas a cambio de continuar cobrando un salario.
¿Cómo responde ante estas acusaciones la cementera número uno del mundo? Con propaganda y autobombo. En su página Web figura la siguiente proclama: “Lafarge considera que el crecimiento económico sostenible no puede producirse sin el progreso social, la protección del medio ambiente y el respeto a las comunidades locales”. Pero lo cierto es que los hechos no se compadecen con las declaraciones triunfalistas.
Dentro de las campañas orquestadas por Lafarge, preferentemente en sus comunicados de prensa, se vincula la ampliación de la cantera al mantenimiento de los puestos de trabajo en la fábrica de Sagunto. El nexo se establece a partir de datos muy imprecisos: entre 200 y 800 empleos dependerían –según la multinacional- de las extracciones. Un argumento que, por tópico e interesado que resulte, no deja de surtir efecto en un contexto de crisis económica.
Los vecinos de Sagunto apoyan de manera muy mayoritaria (algunas encuestas señalan que el 85%) la protección del Monte Romeu pero votan, y continuarán haciéndolo el 22 de mayo, a partidos que defienden la ampliación de la cantera. Algunas organizaciones mantienen, sin embargo, una ejemplar coherencia en la lucha.
Es el caso del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, que continúa alzando la bandera de la protección del Monte Romeu mediante la declaración de “Paraje Natural Municipal”; y la Plataforma de Veïns de la Muntanya de Romeu-Bonilles, formada por ciudadanos que residen cerca de la pedrera, se oponen a su ampliación y defienden los valores ambientales del monte. Se trata, en definitiva, de una resistencia local y comarcal a la prepotencia de un poder multinacional que desprecia los valores del territorio.
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