“Mis niños tenían 3 años uno y el otro dos meses. A mí me detuvieron. Me contaron que los servicios sociales llegaron a las dos de la tarde. Se llevaron a mi esposa y a mis hijos a un Centro. Mi esposa no sabe hablar mucho, no sé lo que le dirían, pero ella no entendía. Cuando quedé en libertad, salí a las 11 de la noche y fui a buscarlos.”
Abdelilah Ghailán
Abdelilah Ghailán
Abdelilah Ghailán y Fátima Zohra Alami Wahabi, quienes residen en Cañada Real desde hace siete años junto con sus dos hijos, corren el riesgo de ser desalojados de su vivienda. La familia recibió una notificación judicial que autorizaba el desalojo a partir del pasado 24 de junio. A pesar de que ese día no se hizo efectivo el derribo, como pudieron testimoniar observadores de Amnistía Internacional, la amenaza es constante y podría suceder en cualquier momento.
Abdelilah y Fátima ya sufrieron otro desalojo en 2007, fruto del procedimiento judicial que inició el Ayuntamiento de Madrid en 2005, llevándose a cabo la demolición del inmueble en medio de graves y violentos incidentes en los que resultaron heridas numerosas personas.
En el curso de los dos procedimientos judiciales, el Ayuntamiento de Madrid no ha realizado una consulta efectiva con las personas afectadas, ni ofrecido un alojamiento alternativo, ni contemplado las salvaguardas necesarias para llevar a cabo dicho desalojo y derribo, lo que podría constituir un desalojo forzoso contrario a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La amenaza de este derribo se produce después de la entrada en vigor de la Ley de Cañada Real el pasado 30 de marzo. Esta ley establece que las Administraciones competentes llevarán a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones relacionadas con los terrenos de la Cañada Real, dando en todo el proceso participación a los afectados.
Las consecuencias de los desalojos forzosos son catastróficas. Tras los desalojos, muchas personas se enfrentan a dificultades para encontrar o mantener un trabajo, pudiéndose quedar sin hogar y empeorando sus condiciones de vida. Pueden acarrear además un serio impacto en los derechos de los niños y niñas en materia de salud o educación y tienen también un grave impacto en las mujeres.
Al menos unas 25.000 personas que residen en Cañada Real, tanto españolas como extranjeras, podrían enfrentar una suerte similar a Abdelilah y Fátima y sus hijos.
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