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LA “SOLUCIÓN” ES CADA VEZ MÁS EL PROBLEMA
Lo preocupante es que la austeridad y los recortes no están conteniendo la crisis sino agravándola. Los rescates en lugar de rescatar y encarrilar las economías de los países afectados lo que hacen es replicarse: del rescate I pasamos al rescate II en Grecia y una situación parecida se cierne sobre Portugal. Tampoco las durísimas medidas adoptadas sobre los salarios, las retribuciones de los funcionarios, la revalorización de las pensiones, las contrarreformas de la legislación laboral, de las pensiones, de la negociación colectiva, los anuncios de más contrarreformas que afecten a la sanidad o a la protección por desempleo impiden que los mercados sigan acorralando cada vez más a los Estados más débiles, en el Sur y en el Este de la UE y extendiendo su amenaza sobre otros (como Italia o Bélgica).
Ni, por supuesto, sirven tales reformas para crear empleo, para garantizar pensiones dignas en el futuro ni para mejorar y equilibrar las relaciones laborales. Al revés, la precariedad laboral se generaliza. Y el acceso a las pensiones se hace más difícil para los sectores laborales más débiles, su financiación se contrae y, por lo tanto, sus cuantías están inevitablemente abocadas a reducirse en el futuro. Además se establecen, como en España, “cláusulas de sostenibilidad” en los sistemas de pensiones pese a que el bloque progresista del Parlamento Europeo ha logrado rechazarlas en el ámbito europeo.
En nuestro país y en plena contradicción con el principio de contributividad que se predica, se despoja a la Seguridad Social de una parte importante de su patrimonio – que de forma artera y en contra de las estipulaciones del Pacto de Toledo se contabilizó en su día como deuda cuando hubiera tenido que ser el Estado y no la Seguridad Social quien tendría que haberse hecho cargo de los déficits sanitarios – a cambio del voto de los partidos nacionalistas catalanes y vascos para poder seguir, así, haciendo reformas como la de la negociación colectiva. Reforma que refuerza de manera escandalosa el poder de los empresarios y que amplía la vía ya abierta en 1994 a los marcos autonómicos de negociación colectiva, cosa que ni siquiera sucede en los países con Estados más expuestos a un riesgo de ruptura, como Bélgica o Canadá.
¿Cuál es la lógica de todo esto? Probablemente la clave de lo que está pasando consiste en que la UE no lleva a cabo la política que tantos expertos – incluido el Partido Socialista Europeo - han recomendado y que la propia experiencia dicta.
En primer lugar, en vez de tratar de salvar a los Estados, la UE está haciendo todo lo que puede para salvar a los bancos. Sobre todo a los bancos de los países más fuertes de la UE, como los alemanes, los franceses o los ingleses. El editorialista económico del “Financial Times”, Martin Wolf, describía hace poco el meollo de la cuestión: “El paquete de las deudas (privadas) podridas ha pasado de la economía real a la financiera, después a los Estados, los cuales tratan de pasarlo a los más débiles de entre ellos”. Otro Martín, Martín Seco en este caso, escribía la semana pasada en el diario Público que “entre 2009 y 2010, las entidades financieras alemanas han reducido su exposición a la deuda de los mal llamados “PIGS” de 500.000 a 230.000 millones de dólares, y de forma similar las francesas”. En el diario El País del 4 de Julio el corresponsal en Berlín hacía referencia a esta enorme operación de transferencia del riesgo desde las entidades financieras y similares a algunos Estados. El caso de Alianz, se decía, es paradigmático de cómo ha beneficiado el rescate de Grecia al sector privado alemán: en enero de 2010, Alianz tenía 3.300 millones de euros en deuda griega, hoy tiene sólo 1.300”. Cuantos más rescates menos riesgo para los bancos, más riesgo para los Estados afectados y más pobreza para la mayoría de sus ciudadanos. En la misma tesis abundaba el artículo de Ignacio Sotelo (El País, 5 de julio de 2011): los bancos y las aseguradoras alemanas están trasladando, desde los bancos a los Estados, los riesgos de impago de Grecia y de otros países que podrían verse arrastrados por la quiebra griega Los cuales, a su vez, los trasladan a los ciudadanos, especialmente a los parados, a los trabajadores, públicos y privados, y a los pensionistas presentes y futuros.
En segundo lugar, la UE tiene que ser coherente con la cesión de soberanía que han realizado los Estados, especialmente con el establecimiento del euro, mediante la creación de una auténtica soberanía no sólo monetaria sino también financiera y fiscal. Y poniendo en pie la Unión económica para hacer posible una mayor cooperación macroeconómica. Es condición necesaria para ello una profundización política de la Unión, entre otras cosas para levantar las cortapisas que Alemania impuso a la Unión Monetaria.
Los responsables alemanes- Merkel, Schäuble, Westerwelle – hacen, por un lado, un canto al futuro de la Unión y del euro pero, por otro, bajo la presión del Tribunal Constitucional alemán (que ayer mismo amenazaba con poner en cuestión la legalidad de las ayudas a Grecia) pretende un imposible: que paguen los ciudadanos de los Estados más débiles el riesgo asumido por sus bancos alemanes. En realidad lo que la situación requeriría es poner en marcha un federalismo europeo compatible con el hecho de haber establecido una moneda única. Alemania no quiere que desaparezca el euro – tendría mucho que perder porque su moneda se revaluaría y perdería capacidad exportadora, el Mercado Único no estaría sometido al corsé de la imposibilidad de compensar las desventajas de competitividad mediante las devaluaciones monetarias y Europa, y con ella Alemania, perdería peso en el mundo – pero tampoco quiere una Europa verdaderamente federal.
Alemania pretende la cuadratura del círculo. Pero como afirmaba el premio Nóbel de Economía Amartya Sen - Le Monde, 4 de julio de 2011, en un artículo titulado “El euro hace caer a Europa” - no es posible querer una cosa sin querer, al mismo tiempo, aceptar las bases que la hacen posible. Ciertamente, escribía Sen, “se puede renunciar a la independencia monetaria pero cuando realmente existe integración política y presupuestaria, como sucede en los Estados Unidos de América”
En tercer lugar, la UE necesita un auténtico presupuesto europeo de tipo federal. Actualmente el presupuesto europeo no llega al 1% del PIB, mientras que el estadounidense alcanza el 25%. Es difícil que los Estados miembros aceptaran en estos momentos financiar un presupuesto mucho más federal. Pero, como ha propuesto el Partido Socialista Europeo, tal presupuesto podría ser financiado por la introducción, sólo en el ámbito europeo, de una tasa del 0,05% a las transacciones financieras. Con ello se recaudarían 250.000 millones de euros, el PIB europeo crecería un 1,3% y se crearían más de dos millones de empleos. El partido de los socialistas europeos también plantea destinar 800.000 millones de euros para crear 8 millones de empleos, financiados, entre otros ingresos, por un impuesto europeo sobre el carbono. Todo ello, además, debería de poner fin a la ruinosa competencia fiscal que impera en la UE, algo que mina las bases del Estado social y que sólo beneficia a las sociedades multinacionales.
En fin, la UE necesita una Unión Social, una Unión Europea de los trabajadores. El modelo de Gobierno económico y social y el “Pacto por el Euro” implican la mayor ofensiva contra los pilares del modelo social europeo que se ha producido desde la creación de la Comunidad Europea. Para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que estuvieron entre las fuerzas más pro-europeas, la UE está pasando hoy de ser la solución a ser el problema. La desafección hacia la deriva que está tomando la construcción europea – aún manteniéndose mayoritariamente el deseo de unidad europea- es creciente.
El Fondo Monetario Internacional, en documento de noviembre de 2010 - IMF Staff Position Note, “Lifting Euro Area Growth: Priorities for Structural Reforms and Governance”-, afirma que: “Las presiones de los mercados podrían conseguir lo que otras vías no han logrado. Cuando los países se enfrentan a situaciones de crisis profundas, las autoridades encuentran muchas veces la ocasión para llevar a cabo reformas consideradas como difíciles, como lo demuestran los ejemplos de Grecia o de España”. Los hechos han demostrado que tales advertencias no eran papel mojado. Si esa lógica continúa la legitimidad social del proyecto europeo se puede poner en cuestión, la conflictividad social puede alcanzar cotas imprevisibles y la crisis política también.
Hace tiempo que comparto la idea que expresaba recientemente en la prensa diaria Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que Zapatero debiera haber dimitido y convocado elecciones tras su vuelta de Davos, aduciendo que ni compartía la política que le querían imponer ni esa política era la que figuraba en el programa con el que había ganado las elecciones. Creo que si hubiera hecho eso le habría ido mejor al socialismo español, que al país no le hubiera ido peor y que, incluso con un Gobierno de otro partido, las contrarreformas que habría llevado a cabo bajo la presión de la UE y de las instituciones internacionales hubieran sido algo más mitigadas.
Estimo, a mi vez, que cuanto antes Zapatero convoque las elecciones generales, mejor. Primero porque nos evitaremos que realice otras reformas que no nos salvan de nada. Como esta reforma de la negociación colectiva que estaría llamada a empeorar si se tramita en esta legislatura como Ley, lo que decaería si se convocan pronto elecciones. Segundo porque, como ha dicho Erkoreka, no creo que lo que haga el PP si llega al Gobierno y sigue las orientaciones del Consejo Europeo del 7.6.2011 – las mismas que han inspirado la reforma de la negociación colectiva y que plantean la rebaja de cotizaciones sociales, desvincular los salarios de los precios, presentar, en caso necesario, este próximo otoño una nueva reforma del mercado de trabajo – sea muy diferente a lo que ha hecho o seguiría haciendo el actual Gobierno. Y, finalmente, porque seguramente de esa manera tenga el PSOE menos desgaste y pueda cosechar un resultado más positivo del que le auguran las encuestas.
José María ZufiaurNi, por supuesto, sirven tales reformas para crear empleo, para garantizar pensiones dignas en el futuro ni para mejorar y equilibrar las relaciones laborales. Al revés, la precariedad laboral se generaliza. Y el acceso a las pensiones se hace más difícil para los sectores laborales más débiles, su financiación se contrae y, por lo tanto, sus cuantías están inevitablemente abocadas a reducirse en el futuro. Además se establecen, como en España, “cláusulas de sostenibilidad” en los sistemas de pensiones pese a que el bloque progresista del Parlamento Europeo ha logrado rechazarlas en el ámbito europeo.
En nuestro país y en plena contradicción con el principio de contributividad que se predica, se despoja a la Seguridad Social de una parte importante de su patrimonio – que de forma artera y en contra de las estipulaciones del Pacto de Toledo se contabilizó en su día como deuda cuando hubiera tenido que ser el Estado y no la Seguridad Social quien tendría que haberse hecho cargo de los déficits sanitarios – a cambio del voto de los partidos nacionalistas catalanes y vascos para poder seguir, así, haciendo reformas como la de la negociación colectiva. Reforma que refuerza de manera escandalosa el poder de los empresarios y que amplía la vía ya abierta en 1994 a los marcos autonómicos de negociación colectiva, cosa que ni siquiera sucede en los países con Estados más expuestos a un riesgo de ruptura, como Bélgica o Canadá.
¿Cuál es la lógica de todo esto? Probablemente la clave de lo que está pasando consiste en que la UE no lleva a cabo la política que tantos expertos – incluido el Partido Socialista Europeo - han recomendado y que la propia experiencia dicta.
En primer lugar, en vez de tratar de salvar a los Estados, la UE está haciendo todo lo que puede para salvar a los bancos. Sobre todo a los bancos de los países más fuertes de la UE, como los alemanes, los franceses o los ingleses. El editorialista económico del “Financial Times”, Martin Wolf, describía hace poco el meollo de la cuestión: “El paquete de las deudas (privadas) podridas ha pasado de la economía real a la financiera, después a los Estados, los cuales tratan de pasarlo a los más débiles de entre ellos”. Otro Martín, Martín Seco en este caso, escribía la semana pasada en el diario Público que “entre 2009 y 2010, las entidades financieras alemanas han reducido su exposición a la deuda de los mal llamados “PIGS” de 500.000 a 230.000 millones de dólares, y de forma similar las francesas”. En el diario El País del 4 de Julio el corresponsal en Berlín hacía referencia a esta enorme operación de transferencia del riesgo desde las entidades financieras y similares a algunos Estados. El caso de Alianz, se decía, es paradigmático de cómo ha beneficiado el rescate de Grecia al sector privado alemán: en enero de 2010, Alianz tenía 3.300 millones de euros en deuda griega, hoy tiene sólo 1.300”. Cuantos más rescates menos riesgo para los bancos, más riesgo para los Estados afectados y más pobreza para la mayoría de sus ciudadanos. En la misma tesis abundaba el artículo de Ignacio Sotelo (El País, 5 de julio de 2011): los bancos y las aseguradoras alemanas están trasladando, desde los bancos a los Estados, los riesgos de impago de Grecia y de otros países que podrían verse arrastrados por la quiebra griega Los cuales, a su vez, los trasladan a los ciudadanos, especialmente a los parados, a los trabajadores, públicos y privados, y a los pensionistas presentes y futuros.
En segundo lugar, la UE tiene que ser coherente con la cesión de soberanía que han realizado los Estados, especialmente con el establecimiento del euro, mediante la creación de una auténtica soberanía no sólo monetaria sino también financiera y fiscal. Y poniendo en pie la Unión económica para hacer posible una mayor cooperación macroeconómica. Es condición necesaria para ello una profundización política de la Unión, entre otras cosas para levantar las cortapisas que Alemania impuso a la Unión Monetaria.
Los responsables alemanes- Merkel, Schäuble, Westerwelle – hacen, por un lado, un canto al futuro de la Unión y del euro pero, por otro, bajo la presión del Tribunal Constitucional alemán (que ayer mismo amenazaba con poner en cuestión la legalidad de las ayudas a Grecia) pretende un imposible: que paguen los ciudadanos de los Estados más débiles el riesgo asumido por sus bancos alemanes. En realidad lo que la situación requeriría es poner en marcha un federalismo europeo compatible con el hecho de haber establecido una moneda única. Alemania no quiere que desaparezca el euro – tendría mucho que perder porque su moneda se revaluaría y perdería capacidad exportadora, el Mercado Único no estaría sometido al corsé de la imposibilidad de compensar las desventajas de competitividad mediante las devaluaciones monetarias y Europa, y con ella Alemania, perdería peso en el mundo – pero tampoco quiere una Europa verdaderamente federal.
Alemania pretende la cuadratura del círculo. Pero como afirmaba el premio Nóbel de Economía Amartya Sen - Le Monde, 4 de julio de 2011, en un artículo titulado “El euro hace caer a Europa” - no es posible querer una cosa sin querer, al mismo tiempo, aceptar las bases que la hacen posible. Ciertamente, escribía Sen, “se puede renunciar a la independencia monetaria pero cuando realmente existe integración política y presupuestaria, como sucede en los Estados Unidos de América”
En tercer lugar, la UE necesita un auténtico presupuesto europeo de tipo federal. Actualmente el presupuesto europeo no llega al 1% del PIB, mientras que el estadounidense alcanza el 25%. Es difícil que los Estados miembros aceptaran en estos momentos financiar un presupuesto mucho más federal. Pero, como ha propuesto el Partido Socialista Europeo, tal presupuesto podría ser financiado por la introducción, sólo en el ámbito europeo, de una tasa del 0,05% a las transacciones financieras. Con ello se recaudarían 250.000 millones de euros, el PIB europeo crecería un 1,3% y se crearían más de dos millones de empleos. El partido de los socialistas europeos también plantea destinar 800.000 millones de euros para crear 8 millones de empleos, financiados, entre otros ingresos, por un impuesto europeo sobre el carbono. Todo ello, además, debería de poner fin a la ruinosa competencia fiscal que impera en la UE, algo que mina las bases del Estado social y que sólo beneficia a las sociedades multinacionales.
En fin, la UE necesita una Unión Social, una Unión Europea de los trabajadores. El modelo de Gobierno económico y social y el “Pacto por el Euro” implican la mayor ofensiva contra los pilares del modelo social europeo que se ha producido desde la creación de la Comunidad Europea. Para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que estuvieron entre las fuerzas más pro-europeas, la UE está pasando hoy de ser la solución a ser el problema. La desafección hacia la deriva que está tomando la construcción europea – aún manteniéndose mayoritariamente el deseo de unidad europea- es creciente.
El Fondo Monetario Internacional, en documento de noviembre de 2010 - IMF Staff Position Note, “Lifting Euro Area Growth: Priorities for Structural Reforms and Governance”-, afirma que: “Las presiones de los mercados podrían conseguir lo que otras vías no han logrado. Cuando los países se enfrentan a situaciones de crisis profundas, las autoridades encuentran muchas veces la ocasión para llevar a cabo reformas consideradas como difíciles, como lo demuestran los ejemplos de Grecia o de España”. Los hechos han demostrado que tales advertencias no eran papel mojado. Si esa lógica continúa la legitimidad social del proyecto europeo se puede poner en cuestión, la conflictividad social puede alcanzar cotas imprevisibles y la crisis política también.
Hace tiempo que comparto la idea que expresaba recientemente en la prensa diaria Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que Zapatero debiera haber dimitido y convocado elecciones tras su vuelta de Davos, aduciendo que ni compartía la política que le querían imponer ni esa política era la que figuraba en el programa con el que había ganado las elecciones. Creo que si hubiera hecho eso le habría ido mejor al socialismo español, que al país no le hubiera ido peor y que, incluso con un Gobierno de otro partido, las contrarreformas que habría llevado a cabo bajo la presión de la UE y de las instituciones internacionales hubieran sido algo más mitigadas.
Estimo, a mi vez, que cuanto antes Zapatero convoque las elecciones generales, mejor. Primero porque nos evitaremos que realice otras reformas que no nos salvan de nada. Como esta reforma de la negociación colectiva que estaría llamada a empeorar si se tramita en esta legislatura como Ley, lo que decaería si se convocan pronto elecciones. Segundo porque, como ha dicho Erkoreka, no creo que lo que haga el PP si llega al Gobierno y sigue las orientaciones del Consejo Europeo del 7.6.2011 – las mismas que han inspirado la reforma de la negociación colectiva y que plantean la rebaja de cotizaciones sociales, desvincular los salarios de los precios, presentar, en caso necesario, este próximo otoño una nueva reforma del mercado de trabajo – sea muy diferente a lo que ha hecho o seguiría haciendo el actual Gobierno. Y, finalmente, porque seguramente de esa manera tenga el PSOE menos desgaste y pueda cosechar un resultado más positivo del que le auguran las encuestas.
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