Uno de los argumentos de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) para criticar a Los Verdes Ecopacifistas tras presentar su propia ILP es el vínculo de los dirigentes del partido verde con el sector inmobiliario. Y es que Alejandro Escribano Sanmartín , portavoz y vicepresidente, está en la cúpula de empresas como Vega de la Selva o Sibana, dedicadas a la promoción inmobiliaria y radicadas en Valencia. También están en el partido otros miembros de la familia, incluido su padre, el conocido empresario valenciano Alejandro Escribano Vidal. Éste se presentó en las elecciones del 22-M en un municipio de Teruel, según el diario Público. Otros dirigentes como Abelardo Lloret, presidente del partido, también están ligados al sector inmobiliario.
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| Alejandro Escribano Sanmartín |
A las críticas por estos vínculos profesionales se suma Antonio Marín, presidente de la entidad vecinal de Benicalap Cercle Obert. Según indicó ayer Marín a este diario, Cercle Obert va a solicitar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, que investigue a Alejandro Escribano, "portavoz de los Verdes Ecopacifistas, dado que el citado dirigente y la mayor parte de sus miembros, mantiene vinculaciones empresariales con sectores inmobiliarios y financieros".
Una "investigación urgente a fin de determinar claramente qué intereses y beneficios obtiene la organización política Verdes Ecopacifistas y el empresario Alejandro Escribano al defender intereses especulativos y ajenos al interés general, pues únicamente pretende boicotear y bloquear iniciativas legislativas populares", señaló.
La entidad recuerda que el portavoz ecologista "es familia del redactor del PGOU de Valencia ciudad y ha defendido de manera oficial y abierta la construcción del Nuevo Mestalla, a pesar de que se encuentra cuestionada legalmente por numerosas entidades, personas, instituciones... dadas las numerosas presuntas ilegalidades cometidas".
"Consideramos que el dirigente ecopacifista utiliza la formación política como un instrumento para favorecer negocios urbanísticos y financieros, ajenos al interés general y a los fines que toda formación política debe tener", continúa el escrito que Cercle Obert pretende remitir al fiscal.
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