Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 17 de octubre de 2011
Este artículo critica la manipulación por parte de los medios de información de las encuestas realizadas para mostrar un apoyo popular a las políticas de austeridad que no cuentan, en realidad, con tal apoyo.
Se han publicado recientemente varias encuestas en los medios de mayor difusión de España, tanto públicos como privados, y tanto escritos como radiofónicos o televisivos, en las que, según los titulares subrayados (a los cuales se les da gran prominencia) en tales medios, la población en España (y también, según encuestas semejantes, en Catalunya), prefiere que se hagan recortes del gasto público a que se aumenten los impuestos. La pregunta que se hace al ciudadano en estas encuestas es si prefiere que para reducir el déficit se hagan los recortes de gasto público (alrededor de un 41% lo prefiere) o se incrementen los impuestos (aproximadamente un 35% escoge esta alternativa). Estas encuestas se han ido reproduciendo con gran frecuencia, durante varias semanas.
De estos resultados tales medios derivan que hay apoyo popular a los grandes recortes que se están haciendo de gasto público (incluyendo gasto público social, tal como gasto público en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en pensiones, en servicios domiciliarios a las personas con dependencia, y otros), con lo cual, tales decisiones, que por lo visto reflejan un apoyo mayor que a la subida de impuestos, quedan legitimadas por un supuesto apoyo o mandato popular. De ahí la repetitividad de este mensaje en tales medios de información que intentan serlo también de persuasión.
La manera de hacer la pregunta, sin embargo, es altamente tendenciosa, y previsiblemente está orientada a dar el resultado obtenido. La categoría genérica de impuestos expresada y contrastada en estos términos despierta más animosidad que apoyo. A nadie le gusta que le suban los impuestos, y todavía menos para evitar recortes de otra categoría genérica, el gasto público, sin especificar más la naturaleza de tal gasto. La evidencia científica existente en España, incluyendo en Catalunya y en otros países, señala que la respuesta a esta pregunta depende de qué impuestos y de qué colectivos (verán aumentados sus impuestos) estamos hablando, y a qué gasto público nos estamos refiriendo. Los expertos en opinión pública en EEUU, el profesor Robert Blendon de la Kennedy School of Government de la Harvard University, y su colaborador John Benson, acaban de publicar un artículo sobre la opinión del pueblo estadounidense frente a diferentes alternativas que el gobierno federal está considerando para reducir el déficit (“Partisan Conflicts Among the Public on the Economy and Budget Deficit in 2011”), en una de las revistas de economía más conocidas en EEUU, Challenge. Tales autores muestran claramente el error de poner la pregunta en los términos que han hecho distintos medios españoles. La respuesta a la citada pregunta es muy distinta cuando se especifica el colectivo al cual se le subirán los impuestos. Así, la medida para reducir el déficit más favorecida por la población (tanto Demócratas como Republicanos, aunque más los primeros que los segundos) es aumentar los impuestos de personas que ingresan más de 250.000 dólares al año (74%-64%), apoyo mucho mayor que el de recortar el gasto publico. Otras encuestas, por cierto, muestran que tal apoyo a los recortes de gasto público, desciende incluso más cuando se especifica que tal gasto público sería en sanidad, en pensiones, en servicios para personas con dependencia, en educación o en escuelas de infancia (en este orden de impopularidad de recortes). Porcentajes igualmente altos a favor del aumento de los impuestos (62%) los tiene la eliminación de gran número de las deducciones que las grandes empresas (tanto financieras como industriales y de servicios) utilizan para reducir su carga impositiva, y que explican la enorme distancia entre lo que deberían pagar nominalmente y lo que pagan en realidad.
Unos resultados parecidos aparecerían en España si a la población se le ofreciera la siguiente alternativa: en una columna, llamada subida de impuestos, la población podría escoger subir los impuestos de las personas que ingresan más de 125.000 euros; o eliminar las deducciones de las grandes empresas que facturan mas de 150 millones de euros al año (que representan menos de un 0,12% de todas las empresas en España), o de las grandes fortunas o de la banca; o eliminar la utilización de los paraísos fiscales; o eliminar el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca (que representan 44.000 millones de euros, que es el 74% de todo el fraude fiscal); y por el otro lado, poner una columna que ponga en lugar de recortar gastos públicos, poner como alternativas recortar la sanidad, o las pensiones, o los servicios para personas con dependencia, o la educación, o las escuelas de infancia. Si a la ciudadanía se le preguntara qué preferencias tendría para reducir el déficit si escoger las alternativas en la primera columna frente a las alternativas de la segunda, ¿habría alguien que dudara que la mayoría de la población española, frente a estas alternativas, respondería a favor de la primera columna y sus componentes (subida de impuestos) en lugar de la segunda columna (recortes de gasto público? Ahora bien, tales alternativas probablemente no las vean en gran número de medios que, más que de información, parecen ser instrumentos que intentan la persuasión que generan, reproducen y promueven la sabiduría convencional que es la sabiduría de los establishments políticos, financieros, empresariales y mediáticos del país.
De estos resultados tales medios derivan que hay apoyo popular a los grandes recortes que se están haciendo de gasto público (incluyendo gasto público social, tal como gasto público en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en pensiones, en servicios domiciliarios a las personas con dependencia, y otros), con lo cual, tales decisiones, que por lo visto reflejan un apoyo mayor que a la subida de impuestos, quedan legitimadas por un supuesto apoyo o mandato popular. De ahí la repetitividad de este mensaje en tales medios de información que intentan serlo también de persuasión.
La manera de hacer la pregunta, sin embargo, es altamente tendenciosa, y previsiblemente está orientada a dar el resultado obtenido. La categoría genérica de impuestos expresada y contrastada en estos términos despierta más animosidad que apoyo. A nadie le gusta que le suban los impuestos, y todavía menos para evitar recortes de otra categoría genérica, el gasto público, sin especificar más la naturaleza de tal gasto. La evidencia científica existente en España, incluyendo en Catalunya y en otros países, señala que la respuesta a esta pregunta depende de qué impuestos y de qué colectivos (verán aumentados sus impuestos) estamos hablando, y a qué gasto público nos estamos refiriendo. Los expertos en opinión pública en EEUU, el profesor Robert Blendon de la Kennedy School of Government de la Harvard University, y su colaborador John Benson, acaban de publicar un artículo sobre la opinión del pueblo estadounidense frente a diferentes alternativas que el gobierno federal está considerando para reducir el déficit (“Partisan Conflicts Among the Public on the Economy and Budget Deficit in 2011”), en una de las revistas de economía más conocidas en EEUU, Challenge. Tales autores muestran claramente el error de poner la pregunta en los términos que han hecho distintos medios españoles. La respuesta a la citada pregunta es muy distinta cuando se especifica el colectivo al cual se le subirán los impuestos. Así, la medida para reducir el déficit más favorecida por la población (tanto Demócratas como Republicanos, aunque más los primeros que los segundos) es aumentar los impuestos de personas que ingresan más de 250.000 dólares al año (74%-64%), apoyo mucho mayor que el de recortar el gasto publico. Otras encuestas, por cierto, muestran que tal apoyo a los recortes de gasto público, desciende incluso más cuando se especifica que tal gasto público sería en sanidad, en pensiones, en servicios para personas con dependencia, en educación o en escuelas de infancia (en este orden de impopularidad de recortes). Porcentajes igualmente altos a favor del aumento de los impuestos (62%) los tiene la eliminación de gran número de las deducciones que las grandes empresas (tanto financieras como industriales y de servicios) utilizan para reducir su carga impositiva, y que explican la enorme distancia entre lo que deberían pagar nominalmente y lo que pagan en realidad.
Unos resultados parecidos aparecerían en España si a la población se le ofreciera la siguiente alternativa: en una columna, llamada subida de impuestos, la población podría escoger subir los impuestos de las personas que ingresan más de 125.000 euros; o eliminar las deducciones de las grandes empresas que facturan mas de 150 millones de euros al año (que representan menos de un 0,12% de todas las empresas en España), o de las grandes fortunas o de la banca; o eliminar la utilización de los paraísos fiscales; o eliminar el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca (que representan 44.000 millones de euros, que es el 74% de todo el fraude fiscal); y por el otro lado, poner una columna que ponga en lugar de recortar gastos públicos, poner como alternativas recortar la sanidad, o las pensiones, o los servicios para personas con dependencia, o la educación, o las escuelas de infancia. Si a la ciudadanía se le preguntara qué preferencias tendría para reducir el déficit si escoger las alternativas en la primera columna frente a las alternativas de la segunda, ¿habría alguien que dudara que la mayoría de la población española, frente a estas alternativas, respondería a favor de la primera columna y sus componentes (subida de impuestos) en lugar de la segunda columna (recortes de gasto público? Ahora bien, tales alternativas probablemente no las vean en gran número de medios que, más que de información, parecen ser instrumentos que intentan la persuasión que generan, reproducen y promueven la sabiduría convencional que es la sabiduría de los establishments políticos, financieros, empresariales y mediáticos del país.
Hay alternativas a los recortes
En realidad hay alternativas a los recortes que no afectarían la carga impositiva de la mayoría de la población. En lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos, bajo un supuesto e inexistente mandato popular.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros). O en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
Esta es la realidad ignorada en los medios que prefieren promover el punto de vista que la población prefiere que se recorten los escasamente financiados servicios públicos del Estado del Bienestar a que aumenten las aportaciones al Estado por parte de las rentas superiores que derivan sus ingresos primordialmente de las rentas del capital y/o del fraude fiscal. La falta de credibilidad de este argumento explica la enorme manipulación que estamos viendo hoy en los medios de mayor difusión del país.
En realidad hay alternativas a los recortes que no afectarían la carga impositiva de la mayoría de la población. En lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos, bajo un supuesto e inexistente mandato popular.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros). O en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
Esta es la realidad ignorada en los medios que prefieren promover el punto de vista que la población prefiere que se recorten los escasamente financiados servicios públicos del Estado del Bienestar a que aumenten las aportaciones al Estado por parte de las rentas superiores que derivan sus ingresos primordialmente de las rentas del capital y/o del fraude fiscal. La falta de credibilidad de este argumento explica la enorme manipulación que estamos viendo hoy en los medios de mayor difusión del país.
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