Bolivia nos vuelve a dar una lección. Por primera vez, se elige en las urnas a cargos judiciales. Una prueba de que el proceso boliviano es revolucionario no sólo para ese país, sino para América Latina y para el mundo.
Cuando los teóricos del Estado moderno, en los siglos XVII y XVIII, ideaban la organización y funcionamiento del mismo, establecieron que de todos los órganos (mal llamados poderes) del Estado, sólo dos estarían compuestos por funcionarios electos por voto popular: el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde entonces se estudiaba y aplicaba esta infalible e intangible teoría política pensada en el norte europeo: sólo se eligen Presidente y Vicepresidente del órgano Ejecutivo y diputados y senadores para el Legislativo. Los magistrados del órgano Judicial, por la exigencia de la “imparcialidad” de esta función, deben ser electos por el órgano Legislativo.
Después de más de tres siglos de la teoría política de John Locke, el pueblo boliviano, en el marco del proceso de reinvención estatal y social que impulsa, supera esta teoría y elige, de forma inédita, a 56 autoridades del órgano Judicial. En sí mismo, este hecho es un aporte fundamental, no sólo para la teoría y la praxis de la democracia, sino para el emergente constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI que, ahora, alumbra al mundo con sus vigorosas innovaciones.
Fueron varios los factores que obligaron a las y los bolivianos a dar este salto teórico e histórico desde la praxis política. Primero, la sistemática corrupción del órgano Judicial convirtió a la “justicia” boliviana en una serpiente que sólo muerde a las y los descalzos. Segundo, los dueños de los partidos políticos imponían a sus allegados en las diferentes funciones judiciales para blindar todos los actos de corrupción en la administración pública. Tercero, el excluyente sistema judicial mestizo, fue y es altamente racista con las y los indígenas. Recordemos que en Bolivia, para el 2001, el 62% de la población ya se asumía como indígena.
Estas transformaciones estructurales, Bolivia los hace en el marco del proceso constituyente refundacional que ahora se encuentra en la etapa de la implementación de la nueva Constitución Política redactada de manera participativa y aprobada el año 2009. En dicha Constitución el pueblo boliviano se reservó la potestad y el derecho de ejercer justicia mediante la elección por voto popular de los magistrados/as del Tribunal Supremo de Justicia (9), Tribunal Constitucional (7), Tribunal Agroambiental (7) y Consejo de la Judicatura (5). Además, está la revocatoria de mandato como mecanismo de control y sanción sobre funcionarios electos.
Este proceso de la democratización de la justicia boliviana ha tenido varios inconvenientes. No sólo en el proceso electoral que acaba de realizarse, sino desde el momento en que se planteaba en la Asamblea Constituyente la incorporación de la elección por voto directo de las y los magistrados, los políticos tradicionales hicieron lo imposible para impedirlo. La campaña mediática y política que las y los políticos opositores emprendieron contra las elecciones judiciales responde, en el fondo, a la sistemática oposición a la transformación de la justicia boliviana. ¿Por qué será?
Es verdad que hubo falencias en la difusión de la información desde el Tribunal Supremo Electoral, y en la misma norma que regula la elección judicial. Pero, tampoco hubo la voluntad suficiente para la socialización de la información sobre las y los candidatos en los medios empresariales de información. Las elecciones judiciales encontraron a un gran sector del electorado boliviano distraído con el bullicioso caso TIPNIS que los políticos tradicionales y oportunistas enarbolaron de manera alevosa.
Después de todo, incluso con el alto porcentaje de votos nulos y blancos, pero con un alto porcentaje de concurrencia a las urnas, las elecciones judiciales bolivianas determinan el derrotero para la democratización de la justicia, no sólo para América Latina, sino para el mundo entero. Este logro histórico es un paso importante en la promisoria historia sin retorno del pueblo boliviano. Así como ahora ya no es posible escupirle al indio de manera impune, tampoco ya será posible que los patrones mantengan el sistema judicial corrupto como un instrumento más para el colonialismo interno.
Con este acto democrático, Bolivia alecciona, una vez más, que la crisis política y judicial no se resuelve restringiendo los derechos, ni las urnas, sino con más democracia. Radicalizando la democracia hasta el límite de superar la pétrea ortodoxia de las teorías políticas impuestas como infalibles e intangibles para toda la humanidad. Los resultados de estas concurridas elecciones judiciales dejan lecciones históricas, aprender de estas lecciones es una tarea para el gobierno si acaso desea continuar profundizando y ampliando las transformaciones estructurales en el país.
Ollantay Itzammá es sociólogo
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