La ley de las respuestas se queda en incógnita
Los defensores de una futura Ley de Transparencia en España intentan que los avances sobrevivan al adelanto electoral
Vemos algunos ejemplos de lo que sabríamos con una estadística pública transparente
Que cuando el ciudadano pregunte, el Estado tenga la obligación de responder, sin intermediarios. Que cuando responda, lo haga de manera rápida y eficaz, con datos y no con discursos. Y a poder ser en un formato que informáticamente pueda ser reutilizado para generar combinaciones de todo tipo y extraer conclusiones. España es el único país de la Unión Europea, junto al minúsculo Luxemburgo, que no tiene una Ley de Transparencia que garantice ese acceso a la información pública.
Visualización de los Presupuestos Generales del Estado en el proyecto ciudadano dondevanmisimpuestos.es (click sobre la imagen para acceder) realizado a partir de documentos oficiales
¿Cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.
Muchas de las cuestiones logran ser respondidas gracias al trabajo de periodistas – o de investigadores de ONG – que logran acceder a los datos tirando contactos personales, de fuentes internas que se la juegan o tras una relación constante con quien tiene la potestad de contestar, que siempre acaba teniendo la sartén por el mango. Le debes un favor. “Pero el acceso a esa información no debería depender de si tienes contactos o no; la información generada por las administraciones debería ser pública sí o sí y disponible para cualquier ciudadano que la solicite”, nos comenta Victoria Anderica, de Access Info Europe, una de las organizaciones que ha asesorado gobiernos europeos y latinoamericanos en la redacción de sus normas contra la opacidad pública.
“Es importante que la gente entienda que esto no es un problema de periodistas sino de toda la sociedad”, apunta Nacho Escolar, periodista y ex director del diario Público. De hecho, la transparencia acaba con parte del privilegio y el ‘negociado’ del periodista, el de destapar información oficial que alguien intenta que no se sepa. Si el Estado tiene que responder por ley, “se acaba en parte con la fuente como herramienta fundamental del periodismo”, dice Escolar. “Con una ley de transparencia, muchas de las exclusivas de los periódicos no habrían sido tales, porque se extraen de datos oficiales” que serían públicos en un escenario transparente. Y supondría un reto más para los informadores: si cualquier ciudadano puede tener acceso a los mismos datos que un periodista, ejerce también una vigilancia sobre el uso e interpretación que se les da.
Precisa y paradójicamente, el primer anteproyecto de ley de transparencia que el Gobierno preparaba hace casi un año fue conocido gracias a una filtración a un medio de comunicación. Aquel gesto no gustó entre las organizaciones expertas. Y el texto tampoco: era “confuso” y muy “insuficiente” sobre todo en tres puntos: no especificaba a qué administraciones afectaría; el plazo máximo para responder a las solicitudes de información planteado era uno de los más largos de Europa; y la información que estaba excluida del alcance de la ley era “demasiada”.
Pasaron los meses y el Gobierno decidió no seguir adelante con la ley. Si de verdad se quería hacer funcionar, no solo había que invertir en mecanismos oficiales sino también en un cambio cultural masivo de la administración y sus alrededores, muchas veces perdida en sus propios papeles y pereza burocrática.
Y entonces llegó el 15M, que recuperó el debate dormido e hizo resonar la palabra “transparencia” en plazas y manifiestos.
En mayo, el Partido Popular hizo circular su propia propuesta de ley que mejoraba el texto hasta ese momento manejado por el Gobierno. Pero el mismo día en que se anunció el adelanto electoral, el viernes 29 de julio, las organizaciones de la Coalición Pro Acceso recibieron una carta (aquí en pdf) del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregi, junto a un nuevo anteproyecto, totalmente nuevo:
“Estimados amigos:
En la mañana de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (…) Desgraciadamente, la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley no será posible en esta legislatura, conocida la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre que el Presidente ha hecho pública hoy mismo”
La nueva propuesta, sin apenas trazos de la filtrada un año antes, satisface mucho más las exigencias de las organizaciones que hacen lobby por la transparencia. “El nuevo anteproyecto”, se dice en un informe de Access Info Europe, “aporta mejoras importantes”. Por ejemplo, se destaca que la ley sería aplicable “a todos los niveles del Estado”, incluyendo comunidades autónomas, ayuntamientos, al poder legislativo y al poder judicial y sus órganos independientes (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo…), cosa que no quedaba claro en el texto de 2010. Fuera de foco quedarían, sin embargo, asuntos que tengan que ver con la seguridad del Estado y, obviamente, los secretos oficiales, entre otros asuntos referentes al registro civil, al registro de la propiedad, al catastro, al registro mercantil, al registro central de penados y rebeldes, a la estadística pública, al censo electoral y al padrón municipal de habitantes, a los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a la información sanitaria y a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria.
¿Dónde empieza la privacidad?
Hay un punto de fricción que marca una línea filosófica sobre lo que debe ser la transparencia: dónde está la barrera entre la información pública y la protección de datos personales. Esta nueva opción mejorada de la ley sigue dejando fuera toda la información que tenga que ver con la llamada “estadística pública”.
Pongamos un ejemplo. Un ciudadano concienciado con el bienestar de los ancianos decide averiguar si los centros asistenciales para mayores se reparten en su ciudad de manera proporcional, según la necesidad que haya en cada barrio y no según su nivel adquisitivo o tendencia política mayoritaria. Para eso, necesita cruzar dos datos: cuántas personas mayores de 65 años hay en cada barrio y dónde están los centros públicos de la ciudad.
Que cuando el ciudadano pregunte, el Estado tenga la obligación de responder, sin intermediarios. Que cuando responda, lo haga de manera rápida y eficaz, con datos y no con discursos. Y a poder ser en un formato que informáticamente pueda ser reutilizado para generar combinaciones de todo tipo y extraer conclusiones. España es el único país de la Unión Europea, junto al minúsculo Luxemburgo, que no tiene una Ley de Transparencia que garantice ese acceso a la información pública.
Visualización de los Presupuestos Generales del Estado en el proyecto ciudadano dondevanmisimpuestos.es (click sobre la imagen para acceder) realizado a partir de documentos oficiales
¿Cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.
Muchas de las cuestiones logran ser respondidas gracias al trabajo de periodistas – o de investigadores de ONG – que logran acceder a los datos tirando contactos personales, de fuentes internas que se la juegan o tras una relación constante con quien tiene la potestad de contestar, que siempre acaba teniendo la sartén por el mango. Le debes un favor. “Pero el acceso a esa información no debería depender de si tienes contactos o no; la información generada por las administraciones debería ser pública sí o sí y disponible para cualquier ciudadano que la solicite”, nos comenta Victoria Anderica, de Access Info Europe, una de las organizaciones que ha asesorado gobiernos europeos y latinoamericanos en la redacción de sus normas contra la opacidad pública.
“Es importante que la gente entienda que esto no es un problema de periodistas sino de toda la sociedad”, apunta Nacho Escolar, periodista y ex director del diario Público. De hecho, la transparencia acaba con parte del privilegio y el ‘negociado’ del periodista, el de destapar información oficial que alguien intenta que no se sepa. Si el Estado tiene que responder por ley, “se acaba en parte con la fuente como herramienta fundamental del periodismo”, dice Escolar. “Con una ley de transparencia, muchas de las exclusivas de los periódicos no habrían sido tales, porque se extraen de datos oficiales” que serían públicos en un escenario transparente. Y supondría un reto más para los informadores: si cualquier ciudadano puede tener acceso a los mismos datos que un periodista, ejerce también una vigilancia sobre el uso e interpretación que se les da.
Precisa y paradójicamente, el primer anteproyecto de ley de transparencia que el Gobierno preparaba hace casi un año fue conocido gracias a una filtración a un medio de comunicación. Aquel gesto no gustó entre las organizaciones expertas. Y el texto tampoco: era “confuso” y muy “insuficiente” sobre todo en tres puntos: no especificaba a qué administraciones afectaría; el plazo máximo para responder a las solicitudes de información planteado era uno de los más largos de Europa; y la información que estaba excluida del alcance de la ley era “demasiada”.
Pasaron los meses y el Gobierno decidió no seguir adelante con la ley. Si de verdad se quería hacer funcionar, no solo había que invertir en mecanismos oficiales sino también en un cambio cultural masivo de la administración y sus alrededores, muchas veces perdida en sus propios papeles y pereza burocrática.
Y entonces llegó el 15M, que recuperó el debate dormido e hizo resonar la palabra “transparencia” en plazas y manifiestos.
En mayo, el Partido Popular hizo circular su propia propuesta de ley que mejoraba el texto hasta ese momento manejado por el Gobierno. Pero el mismo día en que se anunció el adelanto electoral, el viernes 29 de julio, las organizaciones de la Coalición Pro Acceso recibieron una carta (aquí en pdf) del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregi, junto a un nuevo anteproyecto, totalmente nuevo:
“Estimados amigos:
En la mañana de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (…) Desgraciadamente, la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley no será posible en esta legislatura, conocida la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre que el Presidente ha hecho pública hoy mismo”
La nueva propuesta, sin apenas trazos de la filtrada un año antes, satisface mucho más las exigencias de las organizaciones que hacen lobby por la transparencia. “El nuevo anteproyecto”, se dice en un informe de Access Info Europe, “aporta mejoras importantes”. Por ejemplo, se destaca que la ley sería aplicable “a todos los niveles del Estado”, incluyendo comunidades autónomas, ayuntamientos, al poder legislativo y al poder judicial y sus órganos independientes (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo…), cosa que no quedaba claro en el texto de 2010. Fuera de foco quedarían, sin embargo, asuntos que tengan que ver con la seguridad del Estado y, obviamente, los secretos oficiales, entre otros asuntos referentes al registro civil, al registro de la propiedad, al catastro, al registro mercantil, al registro central de penados y rebeldes, a la estadística pública, al censo electoral y al padrón municipal de habitantes, a los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a la información sanitaria y a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria.
¿Dónde empieza la privacidad?
Hay un punto de fricción que marca una línea filosófica sobre lo que debe ser la transparencia: dónde está la barrera entre la información pública y la protección de datos personales. Esta nueva opción mejorada de la ley sigue dejando fuera toda la información que tenga que ver con la llamada “estadística pública”.
Pongamos un ejemplo. Un ciudadano concienciado con el bienestar de los ancianos decide averiguar si los centros asistenciales para mayores se reparten en su ciudad de manera proporcional, según la necesidad que haya en cada barrio y no según su nivel adquisitivo o tendencia política mayoritaria. Para eso, necesita cruzar dos datos: cuántas personas mayores de 65 años hay en cada barrio y dónde están los centros públicos de la ciudad.
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